Reconocer el desplazamiento forzado implica asumir la pérdida de control sobre el territorio: Segob

¿Por qué ha costado tanto trabajo reconocer que en México tenemos un enorme problema de desplazamiento forzado de miles de personas?

Se trata de un tema olvidado, soterrado a propósito. El desplazamiento forzado interno no fue reconocido por los sexenios anteriores. Ignorarlo es negar que el Estado pierde terreno. Hay pueblos enteros que se desplazan por miedo, amenazas, por quemas de casas, ejecuciones y que piden ayuda a los gobiernos. No había respuesta, porque significa que no hay control del territorio y una serie de grupos se apropian del mismo.

Debido a eso se ha negado el tema o se ha atendido mediante entrega de regalías, dádivas, despensas, colchonetas, pero no de forma integral.

Ahora planteamos reconocer el tema y sus implicaciones, no asumiendo que la gente se mueve porque quiere migrar para buscar mejores condiciones, sino por una situación forzada.

Este fenómeno se da por amenazas, acciones directas de grupos que fuerzan a otros a desplazarse, abandonar su vivienda, la mayoría de las veces en condiciones precarias, con lo que tienen puesto. Y así se establecen en otros territorios que ocupan de forma marginal. Reconocemos que esta problemática existe, tenemos que atenderla en sus múltiples etapas.

¿Cómo están atendiendo a las víctimas?

Tenemos información por inteligencia, por informes de seguridad o bien porque las víctimas nos dicen lo que está sucediendo: personas o grupos de personas que están saliendo por hechos violentos. Nos entrevistamos con las personas. Si van a Palacio Nacional, nos las envían aquí. Una vez que sabemos cuándo ocurrió, por qué, quiénes y cuántos son los afectados, en qué condiciones están, a dónde se movieron, acudimos al lugar donde están, ya sean albergues, campos, auditorios, diversos lugares con malas condiciones.

Lo que hacemos es ir, reconocer, hacer un diagnóstico, llevar insumos de primera necesidad, colchonetas, despensas, bombas de agua, e incluso seguridad, dependiendo del riesgo. Es decir, dotamos en un primer momento de condiciones básicas de atención humana. Luego hacemos un censo con la CEAP (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), un conteo de los núcleos familiares. En este momento se incorpora el Renavi (Registro Nacional de Víctimas), se les da un apoyo de vivienda y alimentación mensuales. Un dinero para rentar, el cual tiene que ser comprobado, nos mandan los comprobantes de cómo se usó ese dinero.

Esto es importante, el dinero no se da así nada más. Antes había un grupo de desplazados, quienes paraban las carreteras, entonces iba el gobierno, hablaba con ellos, los llevaban a algún lugar, pagaban a la gente que rentaba ese lugar, a ellos les daban despensas. Y así seguían hasta que se cansaban y volvían a cerrar carreteras. Era como construir clientelas.

Nosotros abrimos camino de manera institucional. Nuestra idea es que este procedimiento no debe depender de quien está gobernando, sino que sea un recorrido por instituciones dedicadas a atender esta problemática.

¿Cómo evitan que las comunidades desplazadas terminen volviéndose clientelas?

Luego de la primera atención básica, buscamos mecanismos para lograr su retorno o su reubicación. Para el retorno, las familias esperan a que la policía llegue y desaloje a quienes los obligaron a salir. Pero esto depende del caso. Hay zonas muy violentas. Hay territorios ocupados que el Estado trata de volver a recuperar.

Esto va en contra de la visión liberal del Estado, en la que el Estado ocupa todo. Si no es así, es fallido. Queriendo lograr cumplir ese principio, lo que se hace es que estos grupos ocupan territorios, el Estado los está recuperando, y una vez recuperados, asegurados, con los grupos criminales desmantelados, la gente pueda retornar.

En otros casos, cuando esto no es posible, pensamos en su reubicación, porque los propios grupos desplazados lo piden así. La mayoría de la gente no quiere irse, quiere regresar en algún momento.

¿Dónde ha sucedido que el Estado efectivamente recupere los territorios?

Chilapa es un ejemplo. Ahí ha habido diversos casos de desplazamientos a lo largo de los años. El conflicto de los 10 músicos, por ejemplo, se deriva de hace años. Los habitantes rastrean el conflicto hasta los años 70, empieza con una disputa agraria, se va complicando con la presencia del narco. Ahí había desplazamientos antes y después del caso de los músicos y pues hoy el Estado está presente. Han entrado patrullas y helicópteros y se está trabajando para que la gente pueda retornar.

Otro poblado en el que se intentó la recuperación en 2018 y no hubo éxito fue Filo de Caballos, donde hubo desplazados a Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo. En este caso, el gobierno estatal intentó entrar pero los recibieron a balazos. Se regresaron. No es sencillo. Los que tienen la posición táctica son ellos, se acomodan en los cerros, te hacen emboscadas.

En Chiapas, por un conflicto en Chenalhó, fueron desplazadas más de 30 familias, ya regresaron 15, gracias a la intervención del gobierno estatal. La intervención no necesariamente es violenta, puede ser política, convencer a la comunidad de que las familias deben volver.

Depende del conflicto. En Guerrero, las personas que se desplazan lo hacen principalmente por la delincuencia, que quieren ocupar el territorio porque de ahí obtienen agua o recursos naturales. Incluso hay versiones de que los ocupantes tienen vínculos con empresas mineras, por ejemplo.

Hasta ahora son pocos los casos en los que tenemos situaciones de éxito, donde el Estado haya entrado, ocupado y reinstalado a los habitantes.

Y hay casos muy rápidos, casi no se cuentan como desplazamientos. Nos avisan que hay intentos de sacar a la gente, llega el ejército, los grupos retroceden, la gente se regresa, se queda el ejército hasta que la cosa se calma.

¿Y qué sucede con las personas desplazadas que no pueden regresar? ¿Cómo se dan las reubicaciones?

En esta modalidad están algunos casos de desplazamientos de periodos anteriores. Muchos esperaban al nuevo gobierno, se vinieron a la Ciudad de México, a Palacio Nacional. En estos casos, nos entrevistamos con quienes los han atendido en los gobiernos estatales, generamos mecanismos de comunicación para ver en qué se puede ayudar. No se les abandona. Pero tampoco es posible que mantengan esa situación para siempre. Se necesita un esquema para que la gente deje de ser desplazada, hay casos que llevan 5, 6, 10 años y siguen igual, no logran salir de ese círculo.

En Tecpán, por ejemplo, viven familias desplazadas desde hace cuatro años, algunos ya están rentando, ya están bastante instalados, pero cada vez que vamos dicen que necesitan apoyo. No abandonan esa condición. Eso se tiene que atender. No pueden estar así de por vida.

En Guerrero hace años hubo desplazamientos en Coyuca de Catalán, las víctimas fueron reubicados en ejidos aledaños. Las reubicaciones se dan a lugares en los que no opere el grupo criminal que los desplazó, porque se sienten perseguidos.

La mayoría no se quiere ir de forma permanente ni a lugares lejanos. Esperan volver cuando la seguridad recupere el territorio.

¿Quiénes son las personas desplazadas? Conapo identifica que una parte es clase media, urbana, en tanto que organizaciones civiles dicen que hasta 45% de afectados son comunidades indígenas. ¿Cuál es su percepción sobre este tema?

Aquí, tenemos pocos casos de clase media, quizá ninguno. Eso tendría que verse estadísticamente, sé que el Inegi en este nuevo censo incorpora razones de cambio de domicilio. Eso nos dará un panorama más completo.

Si es gente clase media se sale o es desplazada, suele suceder de manera individual, se reubica en otro lugar, es algo que puede pasar desapercibido.

Quienes nos piden apoyo son comunidades rurales, indígenas, con un nivel de pobreza mayor, gente que vive en la sierra, sin servicios. Son los que nos preocupan más. Son comunidades, de 200, 300 familias, grupos grandes. De los casos que tenemos, el menor arrojó un censo de 80 familias; en Tecpán son 250 familias. Y requieren atención inmediata, urgente, humanitaria, son los más vulnerables.

¿Qué ocurre en las zonas que la gente se ve obligada a abandonar? ¿Qué pasa con las viviendas, con las comunidades? ¿Quién toma el control? ¿Qué hacen como autoridades?

Observamos que depende de los casos. En algunos lugares se mantienen las casas, que se van deteriorando, dependiendo del año en que la gente las dejó.

En otros casos, son reocupadas por los delincuentes, son nuevos invasores, comienzan a suplir el trabajo que hacían los otros. Hacen la milpa, cultivan amapola, mariguana, corren a la gente, ocupan los terrenos y son ocupados con nuevos cultivos. Es el caso de Filo de Caballos.

En otros casos, derriban y queman, porque lo que quieren no son las casas, sino los recursos. Para que no haya intención de volver destruyen todo. Ocupan, lo concesionan, lo venden, lo ocupan nuevamente como territorio de paso, de cultivo de amapola y mariguana. Esto sucede, por ejemplo, cerca de la zona de Vallecitos, en la sierra de Guerrero.

¿Cuáles son las causas para los desplazamientos forzados?

Son variadas: delincuencia, disputas entre comunidades; en Oaxaca, por ejemplo, se trata de disputas por temas agrarios. También están los asuntos religiosos: si hay una familia que se vuelve pentecostés o testiga y ya no coopera para la fiesta, no pone nada, eso en una comunidad genera problemas, pues todos tienen que colaborar. Cuando sucede, ha llegado a pasar que las comunidades corren a las familias.

Los casos más agresivos y visibles son los de la delincuencia. También puede haber desplazamientos por fenómenos naturales, pero no se ve, se toma como algo natural.

Desde el año pasado se dio a conocer que la Segob está trabajando en una iniciativa de ley para este tema ¿Cuál es el status de esta propuesta?

Se impulsa una ley que reconozca el tema y le dé atención institucional, integral. Que incluya seguridad y posibilidad de prevenir o evitar los desplazamientos. Que incluya que la Secretaría de Bienestar apoye a través de algún programa social; que incluya atención del sector salud. Tiene muchas aristas del tema. Pensamos que tendría que crearse una institución que lo atienda de forma integral.

Nuestra iniciativa ya está elaborada, está siendo discutida en conversatorios en diversos espacios y con diversos actores. Su espíritu es reconocer el tema, darle atención humanitaria, acompañamiento, solución y opciones de retorno o reubicación permanente.

¿Saldrá la ley con el actual Congreso o este tema no es una prioridad? En octubre del año pasado habían dicho que ya iba quedar, pero el tema no está en este periodo de sesiones.

Para nosotros es una prioridad. Urge la ley, que se asigne un presupuesto, que se establezca con claridad quién los va a atender y la ruta del acompañamiento.

Hoy estamos atendiendo de forma personalizada, pero se necesita un protocolo claro, no puede depender de la voluntad de las personas, sino ser una cosa institucionalizada, como sucede con otros temas.

Urge porque hay familias, niños, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos; es un tema que tiene que ver con vidas humanas. Esperaría que se resuelva en esta legislatura.•