¡Ay que larga es esta vida,
que duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
Me causa dolor tan fiero
Que muero porque no muero.
(Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila)
En la serranía del municipio de Petatlán de la Costa Grande guerrerense hay una larga tradición de despoblamientos forzados. No tiene la exclusiva, por temporadas le aventajan comunidades en fuga de las regiones de Tierra Caliente y La Montaña. Pero aquí el destierro es una llave abierta desde hace décadas.
Amanecer en esta sierra es un milagro. Abundan las desapariciones y asesinatos, y los despoblamientos son una cascada que no para. Los cárteles del narco y sus grupos locales se disputan el control del territorio, tanto de la parte alta donde se siembra amapola, como de los pueblos que proveen mano de obra para su cultivo, cosecha y pica; y también pelean las rutas del trasiego de otras drogas y armas.
Recientemente, en febrero del 2020, se hizo público que las comunidades de La Botella, El Parazal, el Cuajinicuilar, Arcelia, Ximalcota, ya estaban completamente baldías, y que en el Zapotillal, donde hace doce años vivía un ciento de familias, hoy apenas hay “cinco tristes casas habitadas”.
“Las familias que se van forzadas y amenazadas –cuenta una serrana- dejan todo: sus muebles, sus animales, sus casas… Lo peor es que andan aquí grupos de sicarios que han dividido a la gente, ponen a pelear a unos pueblos contra otros… Por eso la sierra está quedando vacía”.
Los bandas criminales obligan a los pobladores a someterse de muchos modos: “dan dinero a la gente, dan armas, los convencen o los obligan, y hay familias metidas en eso desde hace mucho”.
“Apenitas mataron a nueve personas arriba de La Pasión. Suben los sicarios en sus camionetas, asesinan y enseguida levantan a los muertos, los echan como bultos en sus carros y se los llevan… No hay ni como velarlos. De las matazones sólo queda un reguero de sangre en el camino”.
Cerca del Filo Mayor todavía hay caseríos con gente viviendo en el espanto, que no se va porque no tiene a dónde. Las personas se despiertan con miedo, temen salir a sus parcelas y alejarse de sus hogares.
Los únicos bien cuidados desde hace tiempo son de La Morena, que pidieron protección al gobierno estatal. “Cuando bajan de la sierra a la cabecera municipal a abastecerse de víveres -dice un vecino- vienen en caravana, primero ellos, atrás la policía estatal y luego los del ejército. Así transitan hasta la zona costera.”
Destierros en el 2018
Otros pueblos de esta cuenca no tienen protección, aunque la vienen exigiendo desde hace dos años cuando ocurrió otro tsunami de destierros.
En octubre del 2018, nos enteramos por el periódico El Sur que salieron las últimas 16 familias de El Zapotillal, amenazadas por La Familia Michoacana. El jefe sicario, Felipe Torres, originario de La Morena, advirtió por radio de onda corta: “Hoy cae El Zapotillal… que se agarren los que están ahí”. “Y mando correr a todos, ordenó que se salieran… las familias huyeron (El Sur/Sin Embargo, 8 de octubre del 2018).
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera: defender los bosques y ser criminalizados por ello.
En ese tiempo, representantes de las comunidades de El Cuajinicuilar, El Parazal, La Botella, Arcelia, El Zapotillal, Banco Nuevo, Las Galeras, La Pasión, El Rincón del Refugio y Canalejas denunciaron que los sicarios “llegan en cuadrillas a los pueblos, con la policía estatal y entran a las casas y saquean y roban”. Pidieron ayuda al gobierno estatal y a la futura administración de AMLO, pero no hubo respuesta. “Andan en conjunto, policías y sicarios. La policía del estado es de ellos, la tienen comprada, son su gente de ellos.”
“Ahora está más difícil –decía uno de los comisionados-, las pocas familias que quedaban ya se fueron… está totalmente solo El Zapotillal, andan en la costa, unos se fueron caminando por los cerros y otros en camionetas. Dejaron todo: gallinas, puercos, burros, los animalitos andan libres, los perros andan llorando, y están tiradas las cosas, la ropa, las cazuelas (El Sur/Sin Embargo, 8 de octubre, 2018).
A diario bajaban mudanzas de los pueblos por la descompuesta terracería que llega de la sierra a la costa; los vecinos decían que muchas familias se fueron de La Pasión, el Rincón del Refugio, La Conchuda, La Botella y Banco Nuevo; y que Canalejas y el Cuajinicuilar estaban abandonadas.
¿Cuándo empezó este éxodo forzado?
Aquí se respira violencia y miedo. Alguna serrana recuerda que hace doce años la guerra entre bandas, disputándose plazas, territorios y fidelidades, empezó a encerrar a varios pueblos y caseríos de la cuenca petatleca. A principios del 2011 se vaciaron 15 comunidades. Huyeron 85 familias con 450 personas, y una decena de poblados quedaron semidesiertos. Igual que en el presente, abandonaron sus tierras, su bosque, su vivienda, y agarraron camino lejos de la entidad, o se arrimaron a parientes en la cabecera municipal de Petatlán.
Hubo mujeres, con hijos pequeños, que solicitaron asilo a los Estados Unidos por razones de violencia, y se los dieron, pero a condición de no volver a México. “No puedes regresar. Ése es el precio...”.
Eso sucedió hace más de una década, “pero ahora –dice- estamos peor… Antes algunos regresaban, ora ya no… Los armados junto con los policías estatales, entran a las casas abandonadas y se roban todo. ¿Cómo van a volver?”
La marea del destierro llega de tanto en tanto. Pero sus ecos se hunden en el tiempo, pues la Costa Grande alberga un enorme memorial de agravios y las poblaciones serranas están acostumbradas a la violencia y a la vida itinerante. Los mayores recuerdan la persecución militar de los años setenta que aplastó a la guerrilla de Lucio Cabañas en Atoyac de Álvarez y dio paso a la militarización que llegó para quedarse.
El suceso más cercano en la sierra petatleca fue la brutal represión a los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) en el verano de 1998, por defender el bosque y parar el saqueo de madera a cargo de una voraz empresa trasnacional: la Boise Cascade, aliada a caciques, talamontes y organizaciones figueroístas.
Aunque el movimiento fue exitoso, los líderes Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos, torturados y encarcelados, pese a la defensa de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cortes y tribunales internacionales. Desde entonces, en la sierra se desbordó un río de persecuciones, asesinatos y destierros, que combinado con la presencia de bandas del narco, guerrilla, paramilitarismo y cacicazgos, provocó un amasijo de violencia imparable hasta hoy. El 7 de diciembre del 2011 el presidente de la OCESP Marcial Bautista Valle y la asesora Eva Alarcón fueron secuestrados y desaparecidos. El crimen aún está impune.
Mientras la violencia se ensañaba contra los ecologistas, en el Zapotillal se cocinaba la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) que para el 2003, se extendió a 13 poblados.
La OMESP hizo una labor ambiental de hondo calado: reforestación, limpieza de fuentes de agua y cañadas, retenciones de suelos, rescate de cultivos olvidados, producción orgánica de alimentos, educación ecológica, y exigencia de justicia y paz.
Un colectivo femenino que durante casi 10 años sobrevivió invisible a los violentos, quizá por su condición de género, hasta que ni eso las protegió. En el amanecer del 2012, la agrupación fue desmoronándose, igual que se desgajaron las familias serranas. Muchas campesinas ecologistas acabaron sumándose a la legión de desterrados, lo dejaron todo y se llevaron su historia, su memoria, su desesperanza. •
