Huir de la “guerra contra el narco”

En México, posiblemente el desplazamiento interno forzado de mayor impacto es el producido desde el año 2006, por la violencia de alta intensidad relacionada con los cárteles del narcotráfico y la respuesta policiaca y militar del gobierno mexicano. Igualmente sucede en el estado de Sinaloa, donde el desplazamiento forzado más importante y trágico ha sido el originado por la violencia del crimen organizado y su combate por parte de las fuerzas policiales y militares, en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

En este estado, la violencia ya generalizada y cotidiana se hizo más extrema, y uno de los costos ha sido precisamente este desplazamiento forzado, principalmente, en la Sierra Madre Occidental y en algunas zonas rurales del estado. En general, las personas o familias que emigraron lo hicieron como reacción o para prevenirse ante el contexto de violencia e inseguridad que imperaba en sus pueblos y localidades de procedencia.

Si realizamos una revisión de las notas periodísticas sobre los mayores flujos de la relación origen-destino de personas desplazadas y los lugares en situación de riesgo en Sinaloa, encontraremos al menos siete micro-regiones con esta problemática entre los años 2006 y 2020: la sierra del municipio de Rosario; la sierra del municipio de Concordia y límites con el estado de Durango; la sierra del municipio de Mazatlán; la sierra del municipio de San Ignacio; la micro-región centro; la zona de “guerra” (pueblos) de los municipios de Choix, Sinaloa y Badiraguato y la sierra del municipio de Cosalá.

Las cabeceras municipales como Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Guasave, Concordia, Sinaloa de Leyva, Cosalá y Choix son las principales ciudades receptoras de personas desplazadas por la violencia. En otras zonas de los municipios de Escuinapa, Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito se encendieron las señales de alerta, pero la prensa no registró desplazamientos masivos en esos lugares.

Desde mediados del año 2019, la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Sinaloa empezó a realizar un censo estatal para conocer dónde se encuentran ubicadas las familias y cuáles son sus principales necesidades, así como conocer a la población más vulnerable entre ellos. Sin embargo, existe una dificultad para cuantificar a las personas desplazadas por la violencia por parte de las autoridades, porque no todas las personas acuden a ellas por ayuda o para denunciar su situación y no son registradas. Además, no todos los desplazamientos han sido masivos, sino que en muchos casos son dispersos, lo que dificulta que sean visibles y contabilizados. Tampoco se sabe del número de retornados a los pueblos y si se restablecieron de manera efectiva las condiciones de vida.

Por otra parte, si bien las autoridades deben mantener la ayuda a esta población vulnerable, el asistencialismo no es lo conveniente, porque no afronta el problema de fondo. Se necesita garantizar los derechos humanos, pacificar los lugares de donde proceden y restablecerles su estilo de vida en donde acuerden vivir. Para ello urge el reconocimiento pleno de la problemática y que se refleje en una ley local y federal, que obligue a las autoridades a realizar programas, destinar recursos e implementar políticas públicas que sirvan para la solución integral y de raíz. Mientras no exista dicha ley, la ayuda quedará solo a la voluntad de los gobiernos y de sus instituciones.

Hay buenas noticias, pues el Congreso y el gobierno estatales se comprometieron a presupuestar un recurso para las necesidades más urgentes de las familias desplazadas, como son un terreno o vivienda, servicios públicos, educación, atención médica, ayuda alimentaria y empleo. Pero lo ideal es que esto se haga en el marco de una ley local y federal sobre el desplazamiento interno forzado para que haya autoridades responsables, transparencia y rendición de cuentas.

Por último, la sociedad civil, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos son una fuerza primordial para exigir a las autoridades el cumplimiento de una solución eficaz al desplazamiento forzado por violencia en el país, que lleva por lo menos desde el año 2006, cuando inició la cruenta “guerra contra el narcotráfico”. También, surge la necesidad de que unan esfuerzos la sociedad, la academia y las autoridades para dar claridad a la magnitud del fenómeno y buscar medidas de prevención y de resolución de la problemática. •