Geografías del terror

En México se podría hablar de entre 1 millón y 8 millones de desplazados por violencia (www.cronica.com.mx/notas/2019/1116103.html), de acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos  de la Secretaría de Gobernación. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estima que podrían existir entre 185 mil y 8 millones de mexicanos desplazados. Hasta hoy no existe un registro fiable que dé cuenta de la magnitud de este fenómeno en México; tampoco hay una instancia de gobierno que vele por los derechos básicos de las personas desplazadas.

En 2011, más de cien personas de La Laguna, Hacienda de Dolores y Los Ciruelos, en el municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, huyeron de la violencia ejercida por el crimen organizado. De este caso se sabe que el grupo delincuencial asesinó o desapareció a más de 25 personas de estas localidades. Una sobreviviente relata el día de la huida: “no llevamos ni ropa, ni nada, algunas alcanzaron a sacar sus papeles. Salimos como a la una de la tarde. Los niños caminando bajo el sol bien caliente”.

Otro caso es el de la Sierra de Petatlán. Desde 2012 la violencia se recrudeció en esta región por la disputa de diversos grupos del crimen organizado que buscan controlar la zona para el trasiego de droga y la explotación de los recursos naturales. Los desplazados huyen con sus familias y con sus propios recursos procuran sus derechos básicos. Los que aún viven allí son vigilados y su vida cotidiana se ha trastocado: escuelas, centros de salud, iglesias y tiendas permanecen cerradas. Una mujer señala: “nos urge que venga el presidente, que venga la Guardia Nacional, nos están matando. Los de la maña (la delincuencia) controlan los caminos, queman las casas, contaminan nuestro maíz. No podemos irnos de aquí porque no tenemos a dónde ir”.

También en Guerrero, en noviembre de 2018, más de 1,600 personas huyeron de diversas comunidades del municipio de Leonardo Bravo. Una mujer recuerda que llegó un grupo armado y disparó a las casas: “vino una supuesta policía comunitaria y disparó por horas. Nosotros nos escondimos debajo de las camas, cuando todo se calmó salimos huyendo”. Tres meses vivieron en una cancha techada, después se trasladaron a la Ciudad de México, donde acamparon por más de un mes y medio afuera de Palacio Nacional hasta que lograron acuerdos co la SEGOB. Actualmente, más de 300 personas viven en Chichihualco, en espera de que la Guardia Nacional pacifique la zona para retornar a sus comunidades. Del resto del grupo, se sabe que algunos se fueron a vivir a otros municipios o estados, y otros buscan asilo en Estados Unidos. Un hombre relata: “mientras esperamos el asilo no podemos trabajar, estamos controlados. Pueden pasar dos o tres años hasta que nos digan si logramos o no el asilo. Si no, tendremos que volver a México”.

Desplazados de Leonardo Bravo y Zitlatla, afuera de Palacio Nacional, en 2019.

En ese mismo año (2018), más de 70 indígenas nahuas de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, se desplazaron por la violencia. En esta región se disputan el control territorial los grupo de Los Ardillos y Los Rojos, ambos altamente sanguinarios. Estas familias vivieron por tres meses en una cancha en Copalillo. Un padre de familia recuerda: “comimos tortillas duras, no teníamos nada para comer. No trajimos nada con nosotros, todo lo dejamos. La noche en que huimos fue porque mataron a tres hombres y los fueron a aventar cerca. Han matado a mucha gente. Se han llevado muchachas para ellos (para el crimen organizado)”. Los indígenas desplazados buscan la reubicación. También acamparon afuera de Palacio Nacional junto a los de Leonardo Bravo.

En cada caso, las narrativas de las personas desplazadas nos hablan de geografías del terror; casas saqueadas o quemadas, destrucción de sus cosechas, caminos vigilados por el crimen organizado, asesinatos y desapariciones. En algunos casos, violencia sexual hacia las mujeres. En su mayoría, las y los sobrevivientes son niños, mujeres y personas de la tercera edad que huyeron cuando la violencia alcanzó niveles extremos. En Guerrero existe la Ley 487 para la atención de los desplazados, pero no cuenta con un Reglamento, hecho que deja en el abandono a cientos de familias que sortean con sus propios medios sus derechos básicos: vivienda, salud, educación y trabajo.

Algunas comunidades huyen de manera conjunta y algunos casos son reportados por los medios, aunque un buen número de los desplazamientos familiares y de a gota pasan al anonimato. Si bien Guerrero de manera histórica ha presentado índices de violencia, ésta se fue al alza durante el sexenio de Calderón; con Peña Nieto, los desplazamientos no menguaron. Con el gobierno actual, existe la posibilidad del reconocimiento y atención del desplazamiento interno forzado. Sin embargo, de no hacerlo, sería un sexenio más que abone a la invisibilidad de este fenómeno que va en aumento en el país, y que ha impactado a diversos sectores de la población, tanto en zonas rurales como urbanas. •