21 de marzo de 2020 • Número 150 • Suplemento Informativo de La Jornada • Directora General: Carmen Lira Saade • Director Fundador: Carlos Payán Velver

DESPLAZADXS


Los macurawe reflexionan sobre su futuro frente a la presa Los Pilares.

PUEBLOS MACURAWE, O’OB Y TOHONO O’ODHAM

Desplazamientos silenciosos

Alejandro Aguilar Zeleny [email protected]

En el noroeste de México, los pueblos originarios de la sierra y el desierto padecen la violencia que implica vivir entre proyectos de desarrollo que les excluyen y despojan de su territorio y la presencia del narcotráfico, que se ha extendido de manera avasalladora. Aserraderos, carboneras, minas, presas, acueductos, gasoductos, rutas del narcotráfico y migración son algunos de los elementos que componen la vida cotidiana de comunidades y rancherías que se ven divididas entre la gente que lentamente las va abandonando y la que se van quedando. Se trata de un desplazamiento silencioso y continuo, debido principalmente a la violencia.

En el sureste del estado Sonora, en los municipios de Álamos y El Quiriego, viven los macurawe o guarijío, pueblo escasamente conocido de unas dos mil personas, que parece haber vivido largo tiempo al margen de la historia. Todavía en los años sesenta trabajaban “a medias”, como en el porfiriato. En los años setenta, gracias a la presencia de la guerrilla en su territorio, comenzaron su lucha por la tierra, que culminaría a principios de los años ochenta cuando con una dotación ejidal recuperaron parte de su territorio original. Ese periodo fue denominado “La Cuenta Nueva” por don José Zazueta Yoquivo, unos de sus líderes; auguraba un desarrollo que no se logró. El problema que enfrentan los macurawe desde entonces es que el narcotráfico se fue apropiando de la región, limitando sus expectativas de progreso y convirtiendo su territorio en una región peligrosa y violenta. Es así que la vida de comunidades alejadas, como son Bavícora y Los Bajíos, ubicadas en los límites con Chihuahua, ha quedado bajo control de grupos delictivos, obligando a los habitantes a un desplazamiento silencioso: algunos bajaron hacia la comunidad de Mesa Colorada, también afectada por el narcotráfico, y posteriormente fundaron la colonia Macurawe, una comunidad de gente desplazada por la violencia y que aun con el cambio sigue sufriendo ese fenómeno. La gente de la comunidad de Los Bajíos y rancherías alrededor también han ido bajando de la sierra para establecerse en El Quiriego, cabecera municipal de la región, y en la comunidad de Fundición, junto a la carretera, entre Ciudad Obregón y Navojoa, donde enfrentan discriminación. Entre este silencioso desplazamiento y la imposición de una presa en su territorio, al margen de la ley, el futuro macurawe es incierto; su idioma, ritos, cantos, danza y cultura están en riesgo.

Los o’ob, o pimas bajos, son otro pueblo originario de Sonora y de Chihuahua que sufre también por la violencia en su región. Según han contado, entre los años sesenta y setenta tuvieron muchos muertos; es cuando aparecieron “los ranchos postizos”, donde antes vivían familias pimas, y ahora son propiedad de “chabochis” (gente blanca). En las pasadas décadas y desde principios de 1990, la violencia derivada del narcotráfico comenzó a acelerarse. Además, la sobreexplotación del bosque mediante aserraderos y carboneras, y la llegada de empresas mineras, ponen también en grave riesgo su futuro y condiciones de existencia, cultura y tradiciones. La confrontación entre grupos delictivos de Chihuahua, Sonora y Sinaloa en el territorio de los o’ob ha generado que comunidades como Yepachi, en Chihuahua, y Maycoba, Sonora, tomada hace algunos años por más de cien sicarios, no puedan reunirse entre sí debido al miedo. Han sido testigos de enfrentamientos entre grupos en conflicto, algunos de cuyos muertos han sido trasladados hacia Sinaloa a través del territorio macurawe. Esta violencia lleva a que parte de la gente de las comunidades o’ob y de la población no indígena de Yécora abandonen la región. En el caso de los o’ob de Sonora, es cada vez más frecuente que se vayan a vivir a Ciudad Obregón y trabajen en las maquilas de la región; también algunos se establecen en Hermosillo y otras poblaciones.


Por la violencia, dibujos de niños pimas.

Otro pueblo originario de Sonora que vive este desplazamiento silencioso y violento es el tohono o’odham (gente del desierto), cuyo territorio es hoy el centro de tensiones y conflictos, derivados del narcotráfico en ambos sentidos de la frontera, la migración, el tráfico de armas y municiones. En el 2015, los habitantes de Chuwy Güsk (San Francisquito) fueron violentamente desalojados de su comunidad, donde año con año se celebraba la Fiesta de San Francisco Xavier. Durante el desalojo la gente fue amenazada para que no denunciara, pues habría represalias. Al reclamar apoyo a las autoridades e instituciones, se les ofreció llevarlos a su comunidad “para que al menos recogieran sus cositas”. La comunidad fue vandalizada y todo lo que habían logrado construir en años fue destruido, perdiendo su ganado, infraestructura y sus escasos bienes.

Muchas de las comunidades tradicionales del desierto de los tohono o’odham entre Altar, El Sásabe y Sonoyta han quedado prácticamente abandonadas y sólo unas cuantas personas permanecen en ellas, fieles a sus tradiciones y conocimientos. El proceso actual de construcción del nuevo muro fronterizo es una nueva complicación para la gente del desierto.

El territorio y las identidades se transforman; en Sonora hoy además de los desplazamientos silenciosos que están reubicando a los pueblos originarios en diversas ciudades y poblados del estado (en la costa de Caborca, Ciudad Obregón, Nogales, Sonoyta, y Puerto Peñasco), está el tema de la migración de jornaleros agrícolas. Gracias a ellos hoy también ya se puede hablar de triquis sonorenses, mixtecos sonorenses y mixes sonorenses, grandes poblaciones que se ubican en Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo, y en Pesqueira, al norte de la misma ciudad. Hoy los pueblos migrantes rebasan en número a los integrantes de los pueblos originarios de Sonora; se calcula que más del 80% de las lenguas indígenas del país están presentes en el estado. •