El Desplazamiento Interno Forzado: un desgarramiento invisible en el campo mexicano

Hemos dedicado este número de La Jornada del Campo a una de las heridas abiertas que más causan dolor entre las clases sociales abandonadas por el modelo económico neoliberal, sobre todo entre la población que vive en el campo en condiciones de pobreza y marginación. Se trata del desplazamiento forzado interno de individuos, familias y comunidades enteras por diferentes causas, pero principalmente por la violencia. Este fenómeno se remonta a décadas, aunque fue a inicios del sexenio de Felipe Calderón que se intensificó y expandió. Pueblos enteros quedaron atrapados en medio de enfrentamientos armados de diferentes grupos de la delincuencia organizada entre sí y con agentes del Estado, que, como se ha constatado con la detención de Genaro García Luna, se había puesto al servicio de la mafia criminal, además de simular una guerra –fallida- contra el narcotráfico.

En las siguientes páginas se encuentran diferentes aproximaciones a este desgarramiento social invisible para amplios sectores de la sociedad: cifras de diversas fuentes, historias de vida de quienes han enfrentado esta cruda experiencia y entrevistas a funcionarios e integrantes de organizaciones que están atendiendo y acompañando a las familias desplazadas.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. estima que al menos 338,405 personas han sido internamente desplazadas por la violencia en México de 2006 a la fecha. Si bien no hay cifras oficiales, la titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, habló recientemente de alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas a causa de fenómenos naturales, conflictos sociales y principalmente la violencia (La Jornada, 16/02/2020). Ello a pesar de que, en la historia reciente, el pico máximo de familias desplazadas fue en 2012. El año pasado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que se podría hablar de entre uno y ocho millones de desplazados por la violencia y la operación de organizaciones criminales. Hoy se empiezan a hacer visibles algunas investigaciones que muestran que quienes se ven forzados a abandonar sus comunidades, enfrentan múltiples formas de despojo, una exacerbada vulnerabilidad y violaciones a sus derechos humanos. A pesar de ello, es un problema con poca visibilidad mediática.

Este drama humano no se reconoció y no fue atendido por las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señaló en marzo de 2019 que actualmente quienes sufren el desplazamiento forzado, no cuentan con una categoría legal como personas desplazadas. Al respecto, la Ley General de Víctimas es insuficiente, pues no reconoce a este fenómeno como algo forzado, ni como un delito, ni mucho menos como una grave violación a los derechos humanos.

Afortunadamente, el cambio de régimen iniciado en diciembre de 2018 está empezando a remover las oscuras aguas que durante muchos años han ocultado la gravedad de esta problemática. Por primera vez el Estado mexicano ha reconocido en 2019 que el desplazamiento forzado interno existe, aunque también ha admitido que no será sencillo lograr que las personas desplazadas regresen a sus lugares de origen. Ello implica reestablecer las condiciones mínimas de paz y seguridad en las zonas expulsoras absorbidas por la vorágine de la violencia criminal.

Como medida inmediata, más no suficiente, el gobierno de México anunció la creación de un refugio para el desplazamiento interno, en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). En septiembre de 2019, la Secretaría de Gobernación informó sobre una iniciativa de ley para enfrentar el problema, la cual definirá “las responsabilidades del Estado en esta materia”, además de la coordinación de diferentes órdenes de gobierno. También reconoció que es necesario dar “visibilidad a esta problemática que se ha querido minimizar y esconder” (https://www.gob.mx/segob). Al respecto, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), organismo internacional que colabora con el gobierno para detectar, prevenir y atender esta problemática, señaló que la ley debe contemplar un mecanismo para la reparación del daño, además de que mientras se aprueba la ley, instituciones como Conapo y el INEGI, en colaboración con organizaciones e instituciones académicas, pueden realizar un “mapa estadístico nacional” del desplazamiento forzado. Se pretende que la ley tenga “una base sólida para la planificación y priorización de actividades en apoyo de las personas, familias y comunidades víctimas de este fenómeno, además de la asignación apropiada de recursos”. Para ello, es fundamental que la perspectiva de las víctimas, particularmente de la población indígena que constituye la mayoría de los individuos y comunidades desplazadas, fundamente el marco legal y las políticas en la materia.

Como podremos constatar a través de estas páginas de La Jornada del Campo, este es un problema en el que las políticas públicas tendrán que empezar prácticamente de cero, pues no existe experiencia previa en México para seguir ni para desandar. Todo lo que ya se está haciendo y lo que se hará para revertir las causas y consecuencias del desplazamiento forzado interno, es y será inédito, aunque algunas experiencias internacionales serán inspiradoras. También será fundamental el aporte de instituciones académicas que han documentado esta problemática, pero sobre todo de organizaciones de la sociedad civil que tienen una amplia experiencia en investigar y difundir, pero también en acompañar legalmente a las víctimas del desplazamiento forzado interno. •