El gobierno se ha comprometido a atender el desplazamiento forzado de manera integral: CMDPDH

¿Qué es el desplazamiento forzado interno?

El desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas huyen de su hogar o lugar de residencia habitual hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado para evitar o después de haber sido víctimas de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales; y es también una violación continua y sostenida debido a que la condición de vulnerabilidad de quienes lo padecen persiste en el tiempo hasta que logran una solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido, digno, seguro y sostenible.

¿Cuándo inicia este fenómeno en México?

Ha estado presente en el territorio desde hace varias décadas, desde los sesenta, en el marco de la Guerra Sucia, y de otros contextos en territorios específicos, sobre todo en el sureste del país, relacionados con conflictos políticos, territoriales, comunitarios y religiosos. Sin embargo, en ese momento no se entendían estos movimientos como desplazamientos internos forzados. En 1994, con el alzamiento zapatista, se generó un desplazamiento sin precedente en el país. Su expansión se hizo evidente a medida que el conflicto se intensificó. Su gravedad llamó la atención de la comunidad internacional y debido a ello tuvimos en el año 2002 la primera y única visita oficial del secretario general de la ONU para los desplazados, Francis Deng, quien además de la situación de Chiapas, identificó esta problemática en Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Tabasco. Un año después, se estimó una cifra que oscilaba entre 3,000 y 60,000 personas desplazadas como consecuencia de conflictos relacionados con prácticas religiosas, por tierras, invasiones ilegales, tráfico de drogas y desalojos generados por autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares. En los años siguientes, si bien seguramente ocurrieron desplazamientos internos forzados en el país, estos no fueron registrados de manera adecuada pues se cuidó mucho el no usar esta definición incluso para denominar a aquellos desplazamientos provocados por fenómenos ambientales. No obstante, desde que fue implementada la estrategia de seguridad de combate al crimen organizado en el año 2006, se ha registrado la ocurrencia sistemática de desplazamientos. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) identificamos, a través de notas periodísticas, que esta situación comenzó a hacer evidente en 2008 después de los primeros operativos conjuntos. Sin embargo, observamos que las causas, actores, territorios y personas afectadas eran distintas a las tendencias identificadas en años previos. Empezamos a detectar desplazamientos masivos recurrentes en el norte a causa de la violencia de grupos armados organizados, mismos que fueron extendiéndose en esos años prácticamente por todo el territorio. Sin embargo, a pesar de esta situación, fue hasta el 2019 que el gobierno federal reconoció de manera oficial su existencia y su tratamiento en la agenda gubernamental.

¿Qué condiciones enfrentan las personas desplazadas?

Si bien se ha reconocido esta problemática, no existe aún un andamiaje conceptual, jurídico e institucional que dé respuesta a las necesidades de atención de la población internamente desplazada. La ausencia de un sistema de registro oficial así como la falta de un diagnóstico especializado, constituyen desafíos para una respuesta gubernamental adecuada, integral, especializada y diferenciada. La población continúa en un estado permanente de desprotección. Al ser una violación que impide ejercer el derecho a circular libremente y elegir el lugar de residencia, también representa una serie de vulneraciones a los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Durante el proceso del desplazamiento, las personas afectadas pierden el derecho a su personalidad jurídica al no ser reconocidas como víctimas por parte del Estado. Se perjudica su derecho a la protección de la ley y en muchas ocasiones se les priva arbitrariamente de su propiedad. Debido al cambio repentino y no planeado de residencia, derechos de seguridad social con los que contaban se pierden en el nuevo lugar de asentamiento: educación y salud son suspendidos y descontinuados. La pérdida de empleo implica un severo problema económico que les imposibilita mantener un modo de vida adecuado y digno que cubra todas sus necesidades.

La falta de asistencia gubernamental que persiste provoca que las personas desplazadas se enfrenten a la repetición de otras violaciones a sus derechos: desaparición, detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado y otros delitos con implicaciones para su vida, su integridad física y las de sus familias. Asimismo, diversos casos que acompañamos evidencian que ante la falta de medidas, programas y políticas públicas, muchas personas se ven obligadas a retornar al lugar origen en el que prevalece la inseguridad. También hemos dado cuenta que durante el reasentamiento muchas personas desplazadas viven procesos de estigmatización o rechazo y tienden a ser culpabilizadas por la violencia vivida. Esta situación, sumada a la precariedad, coloca a las personas desplazadas en desventaja y provoca que deban buscar refugio en asentamientos irregulares exponiéndolos a mayor propensión de ser vulnerados y víctimas de otros delitos.

¿Por qué ha sido tan invisibilizado este fenómeno?

La negación gubernamental de esta problemática que se prolongó durante largo tiempo mantuvo a las víctimas en el anonimato, la invisibilidad y el abandono. Durante años fue un tema ausente de la agenda pública, a pesar de que desde diversos sectores (víctimas, academia, organizaciones e instancias internacionales) se presentaron evidencias de su existencia, propagación y afectación. Sin embargo, no hubo por parte de las administraciones anteriores voluntad política para reconocerlo y atenderlo. Los países que viven esta situación, por lo general suelen no reconocerlo. Ya sea por la incapacidad para dar respuesta o porque niegan que este fenómeno se dé dentro de sus fronteras. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) en su informe de 2018 registra que en el lapso de un año ocurrieron 28 millones de desplazamientos internos asociados a conflicto y desastres en 148 países. La renuencia de los Estados por reconocer el desplazamiento interno en lo doméstico se explica con las implicaciones que tiene al hacer un reconocimiento explícito de las causas de orden estructural que lo acompañan: conflictos armados, violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos, que pueden representarles una afrenta a la soberanía de los Estados. El desafío que deben enfrentar los gobiernos en reconocer y brindar protección a la población desplazada conlleva un compromiso de largo aliento, en tanto que garantizar el derecho a no ser desplazado o no volver a serlo constituye un proceso prolongado de trabajar para combatir las causas que lo detonan, brindar soluciones duraderas y medidas de reparación integral. Dichos esfuerzos representan altísimos costos operativos y económicos que muchas veces no quieren ser asumidos.

¿Hay casos de desplazados organizados para visibilizar el fenómeno y pedir justicia?

El reconocimiento está en una fase germinal. A pesar de que todavía no existe un movimiento de víctimas en situación de desplazamiento interno forzado articulado a nivel nacional, sí hay experiencias de comunidades desplazadas que se han organizado en el ámbito local. Identifico varios grupos en Sinaloa que han sido muy golpeados y que no les ha quedado otra alternativa que reconocerse, organizarse y demandar respuestas. También, en Chiapas se ha gestado un proceso organizativo de víctimas quienes, dado su desplazamiento prolongado, han luchado y exigido medidas de atención integral. En 2018, un colectivo amplio de familias indígenas en esta entidad, formaron la caravana “pies descalzos” para presionar al gobierno del estado en brindar medidas que garantizaran el retorno seguro a sus comunidades. De manera semejante, personas desplazadas de varios municipios de Guerrero han impulsado procesos colectivos para obtener visibilidad. Uno de estos fue la instalación de un plantón enfrente del palacio de gobierno de la CDMX en febrero del 2019. En años recientes se han comenzado a conformar grupos de periodistas desplazadas por su labor. Otros grupos de víctimas de diversas entidades han comenzado a articularse. En estos momentos que se comenzarán a construir procesos de respuesta es fundamental que haya un movimiento de víctimas para incidir de manera efectiva en la toma de decisiones. Sin embargo, las principales razones que evitan que esto ocurra son: desconocimiento y desinformación sobre la problemática, la terminología, que impiden que las personas afectadas se identifiquen como víctimas de esta violación. Otro factor es el temor, pues por lo general los desplazamientos se realizan bajo una cierta secrecía, lo que resulta en muchos de los casos una limitación de sus acciones de exigencia de justicia. El temor a la criminalización y al estigma social juega un papel fundamental que impide que las personas quieran ser reconocidas en los lugares de refugio. Finalmente, la falta de respuestas provoca que las personas tengan que orientar sus esfuerzos a asegurar su supervivencia dejando de lado procesos personales o colectivos de búsqueda de justicia.

¿A lo largo y ancho del país, hay focos rojos o casos emblemáticos de desplazamiento forzado?

A pesar de que aún no contamos con un diagnóstico oficial a nivel nacional, podemos señalar Chiapas y Guerrero, que año tras año registran la mayor cantidad de personas afectas por episodios de desplazamiento forzado masivo. De 25 episodios que registramos que afectaron a 11,491 personas en 2018, estas dos entidades concentraron al 87% de las víctimas. Con base en el monitoreo de episodios de desplazamiento que realizamos, estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca pueden representar otros focos rojos. Por otro lado, a partir del análisis de instrumentos oficiales que identifican a la inseguridad y la violencia como motivo de la migración, los estados expulsores que registran un porcentaje elevado son: Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

De acuerdo con los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicados en septiembre de 2019, durante el 2018 un total de 1,723,857 personas, se vieron obligadas a cambiarse de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en México. Las regiones con mayor porcentaje de personas afectadas fueron: Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas) y Centro (Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala). Las tendencias observadas en los episodios de desplazamiento masivo nos muestran que ocurren de manera reactiva. Las causas de estos episodios coinciden: violencia generada por grupos armados organizados, como cárteles y crimen organizado, y la violencia generada por conflictos comunitarios, políticos y territoriales. Hemos identificado altos niveles de violencia en los reportes de incursiones y ataques armados en contra de la población civil, enfrentamientos armados, asesinatos, quema o destrucción de casas, cultivos y negocios, desaparición de personas, reclutamiento forzado y detenciones arbitrarias. De manera particular, hemos identificado que cuando son masivos, estos desplazamientos ocurren en localidades rurales, afectando de manera desproporcionada a la población indígena. Por otro lado, cuando se trata de desplazamientos individuales o familiares, las causas suelen ser: amenazas, hostigamiento, extorsión, robo, despojo, reclutamiento forzado, desaparición o asesinato de algún familiar o líder de la comunidad, o bien, por un temor fundado de violencia e inseguridad. El perfil de las personas desplazadas es diverso: son niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, campesinos, estudiantes, amas de casa, indígenas, profesionistas, adultos mayores, comerciantes, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos, entre otros. Este desplazamiento afecta tanto a localidades rurales como urbanas y los movimientos tras el desplazamiento suelen ser rural-rural, rural-urbano y urbano-urbano, principalmente.

¿Cómo está México frente a otros países respecto a esta problemática?

No lo sabemos pues no contamos con un instrumento de medición especializado que nos permita estimar de manera oficial la cantidad de población afectada. Pero si tomáramos en cuenta la cifra acumulativa de 338,405 personas (2006-2018) que estimamos en la CMDPDH a partir de los episodios de desplazamiento masivo, México podría estar una situación similar a países como Filipinas, Myanmar, Libia o Costa de Marfil. En el continente americano, la situación es comparable a Guatemala, El Salvador y Honduras

En términos de reconocimiento, México se encuentra más cercano a la experiencia de Honduras o de El Salvador, que por muchos años negaron la problemática pero recientemente han reconocido esta situación y han comenzado a diseñar y construir respuestas para atenderlo. En cuanto al desarrollo de marcos normativos, sistemas estandarizados de registro y elaboración de políticas de atención, estamos muy distantes de países como Colombia que sí ha logrado desarrollar estos procesos de respuesta.

¿Qué medidas está adoptando el actual gobierno para atender esta problemática?

En abril de 2019 se da el esperado reconocimiento de la problemática por parte de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dichas instituciones junto con la Unidad de Política Migratoria y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se han comprometido a atender este fenómeno. Dentro de sus compromisos se encuentra la elaboración una ley federal en la materia, la cual permitirá determinar las competencias y las responsabilidades de las autoridades. Es importante decir que previo a dicho reconocimiento, ya existían antecedentes en Guerrero y de Chipas, donde se han desarrollado leyes especializadas en la materia, sin embargo, al no haber sido reglamentadas, no han podido implementarse. Actualmente en Chiapas se ha comenzado a trabajar en la elaboración de dicho reglamento. Chihuahua y Sinaloa también se han comenzado a desarrollar algunos esfuerzos para dar respuesta a nivel local. El año pasado, el Conapo presentó dos documentos relevantes sobre el tema: “La violencia como causa de Desplazamiento Interno Forzado. Aproximaciones a su análisis en México”, primer acercamiento oficial al fenómeno, y un perfil sociodemográfico de la población que cambió de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia. El tema fue incluido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2019-2024). Aunado a esto, reconocemos la voluntad de la actual administración para abordar la problemática de manera adecuada. Esto se ha reflejado en la apertura para aceptar la visita oficial de la Relatora Especial de la ONU, quien puede brindar apoyo técnico en el diseño de respuestas. También hay disposición para colaborar con organizaciones y agencias internacionales expertas en el tema.

¿Cómo debería ser una política pública que atienda el desplazamiento forzado interno?

El diseño de un marco normativo y de políticas públicas y programas deben basarse en información oficial confiable, en estándares internacionales y deben buscar garantizar la protección integral, adecuada y efectiva de la población. En ese sentido, es un momento apremiante en el que se requiere contar con un diagnóstico que permita comprender y caracterizar la problemática. Eso permitirá generar aportaciones sustanciales, apegadas a la realidad y que permitan fortalecer los mecanismos existentes y orientar la actuación gubernamental hacia la generación de medidas que permitan prevenir, atender y protegerles. Debe de comenzarse a desarrollar y fortalecer las capacidades tanto conceptuales como técnicas que se requieren para garantizar que dichos procesos se implementen de manera efectiva. De igual forma, se deberá comenzar a trabajar en soluciones duraderas que logren poner fin al ciclo de desplazamiento. Para lograr un impacto real, será fundamental el que se garantice la participación de la población desplazada en la construcción de dichos procesos para que las autoridades consideren plenamente sus necesidades e intereses. •