Cuando firmar un acuerdo de paz, no basta

Un informe de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (2018) señala que Colombia, después de Siria, ocupa el segundo lugar con mayor índice de desplazamiento forzado, con 8 millones de desplazados, la mayor parte de ellos (98%) dentro del país.

Diversos factores han propiciado el desplazamiento forzado interno en Colombia. En la época conocida como “la violencia”, que transcurre entre 1946 y 1958, se despojó a más de dos millones de campesinos de sus tierras a causa de un nuevo modelo agroindustrial basado en una alta concentración de tierras para fines agrícolas, perpetuado por las elites políticas y económicas del país. En los años de 1980 a 1990, las políticas estatales estuvieron orientadas a la apertura económica y la dinámica de los mercados globales para el desarrollo de la economía nacional. En regiones como el Pacífico colombiano, diferentes proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras o modernización de puertos marítimos, motivaron conflictos agrarios que terminaron con la expulsión masiva de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y la apropiación violenta de la tierra. A la par, las guerrillas que surgieron a inicio de los años 70 del siglo XX (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN) como expresión de resistencia campesina en la lucha del pueblo por la tierra, progresivamente iniciaron una creciente distancia respecto de los conflictos agrarios y de los intereses de las comunidades rurales, llegando a convertirse en verdaderas máquinas de guerra, asociadas a las economías del narcotráfico, a lo que se suma el surgimiento de grupos paramilitares.

Desde finales de los años 80, guerrillas y paramilitares inician una confrontación armada por la disputa de tierras y territorios para la expansión de cultivos ilícitos como fuentes de financiación de sus actividades. El control de los cultivos ilícitos, la disputa por las rutas terrestres y marítimas para enviar toneladas de cocaína a diferentes lugares del mundo generó en ciertas regiones de Colombia constantes enfrentamientos que causaron desplazamientos forzados, masacres colectivas, asesinatos selectivos, despojos de tierras y territorios, reclutamiento forzado de menores y un cambio en las actividades productivas de las comunidades rurales.

Estos desplazamientos han ido configurando espacios de hacinamiento y exclusión en las zonas urbanas, donde las personas tratan de reconstruir un proyecto de vida individual y colectivo. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son grandes receptores de población desplazada, así como los barrios empobrecidos en las capitales de los departamentos donde se presentan los desplazamientos forzados.

El fortalecimiento de grupos armados ilegales, la emergencia de carteles del narcotráfico y un modelo de desarrollo excluyente reveló la precariedad del Estado colombiano como garante de justicia social en las regiones y comunidades afectadas por el conflicto armado. La magnitud del desplazamiento forzado propició que algunas tierras, sobre todo aquellas ricas en recursos naturales, fueran apropiadas por diversas vías por empresarios privados para el desarrollo de actividades económicas, que incluyen los cultivos de palma africana, minería, explotación de hidrocarburos, ganadería y tala maderera. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado cómo algunas de estas empresas recurrieron a recursos legales para formalizar la toma de tierras y unos más aprovecharon las intimidaciones de los grupos armados contras las comunidades para comprar tierras a bajo costo. En algunas regiones del país las comunidades han sido desplazadas tanto por el conflicto armado como por los proyectos energéticos y mineros que se imponen sobre los territorios.

En el año 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno, a cargo del expresidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Con ello parecía que se abría una nueva etapa que ponía fin a más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, el país está presenciando una persistencia de violencias asociadas al fortalecimiento de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, carteles del narcotráfico nacionales e internacionales, bandas criminales y la emergencia de las disidencias de las FARC (guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz), sumados a grupos de excomandantes que recientemente anunciaron su decisión de retomar la lucha armada. Tras la firma del Acuerdo se han agudizado distintos tipos de violencias: despojos de tierras, explotación intensiva de los recursos naturales, asesinatos de lideres sociales, masacres colectivas, reclutamiento forzado de jóvenes y menores y desplazamientos forzados de familias y pueblos enteros que huyen de la confrontación entre grupos armados.

Datos de la Defensoría del Pueblo señalan que, tras la firma del Acuerdo de Paz, al menos 555 lideres sociales han sido asesinados; por otra parte, tan solo en el 2019, 15,140 personas fueron desplazadas de sus lugares debido a la violencia. Según Naciones Unidas, durante este mismo año hubo 36 masacres que implicaron la muerte de 136 personas en el país, la cifra más alta desde el 2014. Esto afecta uno de los principales objetivos del Acuerdo: brindar seguridad y estabilidad a los ciudadanos y a las víctimas del conflicto armado.

Desplazamientos forzados, uno de los rostros de la violencia estructural.

Las nuevas oleadas de desplazamientos forzados tienen un punto en común: se presentan en zonas históricamente estratégicas para los cultivos ilícitos y rutas para el transporte de cocaína a mercados internacionales, como los acontecidos en Nariño, Chocó y Antioquia. Por ejemplo, a mediados de febrero, en el municipio de Ituango, Antioquia, grupos armados obligaron al desplazamiento de 816 personas habitantes de seis veredas. La vida de las comunidades en este municipio se desenvuelve en cíclicas violencias en el conflicto armado. En la década de los ochenta fueron victimas de confinamiento, persecución y hostigamiento por la guerrilla de las FARC; en los 90, grupos paramilitares desplazan a la guerrilla y toman el control de las tierras, territorios y poblaciones. La masacre de El Aro y La Granja nos trae a la memoria una época de horror por el desplazamiento de 700 campesinos. En la actualidad, grupos paramilitares, disidentes de las FARC y carteles del narcotráfico se disputan el control de los cultivos ilícitos en este territorio.

En Colombia los cultivos de coca han aumentado significativamente y con ello las disputas entre grupos armados por el control de tierras y territorios. Las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas tratan de resistir al control y hostigamiento de los grupos armados en territorios en los que persisten históricas desigualdades sociales. Finalmente, la firma de la paz no cuenta con un compromiso firme del actual gobierno. Dicha situación ha generado un ambiente de inseguridad jurídica, política y social que repercute en el endurecimiento de la violencia y la criminalidad organizada. En otras palabras, es la instauracion de una forma de gobierno que borra los rostros de la violencia estructural: desplazamientos forzados, narcotrafico, asesinato de lideres sociales y conflicto armado. •