Que la 4T desarme a los paramilitares, para poder regresar a casa

El desplazamiento forzado interno es uno de los rostros de la violencia estructural por los que atraviesa nuestro país. Es estructural porque deviene de los procesos de acumulación de capital, de la dinámica del mercado y del ejercicio de poder del Estado.

Los Desplazados Forzados Internos (DFI) son aquellas “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada […]” (ONU, 1998). En este sentido, la CMDPDH (2019) estima que en Chiapas existen alrededor de 206 mil personas desplazadas por violencia generalizada. Este tipo de desplazamiento suele ser más individual o familiar.

En cambio, los desplazamientos por conflictos armados tienden ser masivos. Para 2018, la CMDPDH registró que en Chiapas los DFI fueron 5,035 personas: 2,036 en Aldama; 1,146 en Chalchihuitán; 1,764 en El Bosque; 89 en Nicolás Ruiz. El conflicto de El Bosque es catalogado como comunitario, los otros aparecen como conflictos territoriales. Sin embargo, en los cuatro municipios operaron grupos armados, pero fue en Nicolás Ruiz donde la violencia adquirió otra dimensión. Cerca de 800 hombres llegaron disparando armas automáticas e incendiaron campos para despojarlos de 253 hectáreas, sin que las autoridades intervinieran.

Aunque estos escenarios no son nuevos en Chiapas, los antecedentes de DFI devienen del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la declaración de guerra al ejército mexicano en 1994. En esa guerra, el Estado entrenó y armó, a través de los militares, a grupos civiles para atacar al EZLN, creando la figura del paramilitar.

En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Arana y Del Riego (2012) afirman que de 1994 a 1998 la cifra de los DFI en Chiapas osciló entre 50,000 y 84,000 personas (mujeres, hombres y niños). La mayor parte fue producto de ataques militares realizados en enero de 1994 y febrero de 1995. Pero, a partir de marzo de 1995 se sumó el ataque y hostigamiento de paramilitares, quienes actuaron de manera selectiva contra simpatizantes y militantes zapatistas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (2003), los paramilitares tomaron control del territorio, saquearon y quemaron casas, destruyeron y robaron cosechas, crearon un ambiente de intimidación, hostigamiento, humillación y tortura. Además, asesinaron al menos a 122 personas y desaparecieron a 28, entre 1995 y 1998. Los municipios más afectados fueron Ocosingo, Las Margaritas, Comitán, Altamirano, Chenalhó, El Bosque, Tila, entre otros, donde operaron u operan grupos paramilitares como los “Chinchulines”, “Desarrollo, Paz y Justicia”, “Movimiento Indígena Revolucionario Anti-Zapatista” y “Los Petules”.

Para el año 2000, la cifra de los DFI registrada por el gobierno estatal se redujo a 14,096 personas, y para 2006 descendió a casi 4 mil. Esto debido a que una buena parte de DFI se refugiaron con familiares o comunidades vecinas y después de un tiempo retornaron a sus comunidades, mientras que otros buscaron refugio en las montañas y no figuraron en registros oficiales. Otra parte fueron reubicados o retornados a sus lugares de origen por parte del gobierno, pero sin ninguna garantía. Incluso los zapatistas atendieron a su propia gente.

En 2011, la cifra de DFI ascendió a 25,671 personas (5,320 familias), distribuidas en 248 grupos y 33 municipios, destacándose Ocosingo con 10,645 personas (2,159 familias), Las Margaritas 3,367 personas (725 familias), Sabanilla 2,550 personas (529 familias), Tila 1,410 personas (285 familias), Altamirano 1,135 personas (236 familias) y Chenalhó 873 personas (197 familias). Se trata de una población compuesta por tzeltales, choles, tojolabales, tzotziles, zoques y mestizos, afiliados a alguna organización independiente o católica. Este aumento mostró el grado de desinterés de los gobiernos federal y estatal por solucionar el problema.

Obligadas a escapar. Ángeles Mariscal

Para 2012, cerca de 18 mil personas desplazadas quedaron sin atención alguna, y una parte de esta población se ubica en la Coordinadora de Personas Desplazadas del estado de Chiapas, organización que aglutina a 500 DFI de los municipios de Ocosingo, Ixtapa, Chenalhó y Zinacantán. Ellos fueron desplazados de sus comunidades en 2009, 2012, 2015 y 2016 por no militar en partidos políticos oficiales o por hostigamiento paramilitar.

Desde julio de 2018, la Coordinadora emprendió una lucha por el retorno seguro a sus comunidades, con la esperanza de que el gobierno de la 4T haga justicia. En febrero de 2019 se apostaron en plantón frente a Palacio Nacional, y en febrero del presente se plantaron frente al palacio estatal. Aunque el gobierno los ha apoyado con víveres, insisten en que el Estado desarme a los paramilitares para que puedan volver a sus comunidades. Esto representa un gran desafío para la 4T, pero por ahora el panorama parece sombrío.

En Chiapas, la necesidad de satisfacer cuestiones elementales de sobrevivencia ha llevado a que los DFI trabajen de asalariados, vivan en casas de familiares o paguen una renta. Dinámica que no solo los ha convertido en población despojada de su tierra, familia y comunidad, sino también de la propiedad de sus condiciones de vida. Los DFI no han cesado, por el contrario, los acontecimientos recientes suscitados en Aldama, Chenalhó y Yajalón indican otra escalada de conflictos, con una antesala de control territorial, flujo de armas, drogas, dinero y capital. •