Más de 17 mil personas desplazadas a causa de la violencia

Los Principios Rectores de los desplazamientos internos acuñados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998 establecen que las personas escapan de sus hogares, pero permanecen dentro de las fronteras nacionales del país al que pertenecen, como efecto o para evitar los conflictos armados, violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, catástrofes naturales o proyectos de desarrollo.

En el estado de Chiapas, más de 20 mil personas vivieron desplazamientos forzados, emanados del conflicto político–militar protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano,  entre 1994 y 2000. Los principales actores que propiciaron estos desplazamientos fueron el ejército y los grupos armados de corte paramilitar, estos últimos surgidos al interior de las comunidades de diversas regiones del estado, como parte de la estrategia contrainsurgente impulsada por el gobierno mexicano para combatir la insurrección y a sus simpatizantes.

La región de Los Altos fue epicentro de esta violencia y de la masacre de Acteal su máxima expresión. Ejecutada el 22 de diciembre de 1997 contra el campamento de desplazados de la organización de la sociedad civil de Las Abejas de Acteal, en Chenalhó; el saldo: 45 indígenas tzotziles –y cuatro aún no nacidos- asesinados (19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños) y 25 heridos; se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército, sin que la seguridad pública ubicada a escasos 200 metros, y el ejército acuartelado a menos de un kilómetro, intervinieran.

Entre 2009 y 2013 fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los autores materiales de la masacre. El 10 de agosto de 2019, 10 años después de su liberación, algunos perpetradores, acompañados de un grupo de 200 personas, destruyeron y quemaron 2 casas, robaron las pertenencias de 6 familias integrantes de Las Abejas; un total de 32 personas huyeron por estos hechos (8 niños, 9 niñas, 8 hombres y 6 mujeres) en el ejido Miguel Utrilla Los Chorros.

Entre ellas estaba la pequeña María Angélica de 11 meses de edad, fallecida el 26 de febrero de 2020 debido a las condiciones generadas por el desplazamiento que vivía junto a su familia en un contexto de pobreza extrema, sin acceder a servicios de salud y alimentación, lo que le provocó una desnutrición y deshidratación severa que terminó con su vida.

De 2006 al 2018 se logró la sistematización de 66 nuevos casos en Chiapas; un aproximado de 17,137 personas agrupadas en 2,005 familias, ubicadas en 35 municipios huyeron de sus hogares por diferentes motivos. La principal causa sigue siendo el conflicto político-militar (33%), seguido de los provocados por conflictos de tierras (30%), dinámicas comunitarias (15%), conflictos político-partidistas (13%), motivos religiosos (7%), y otros vinculados con la violencia del crimen organizado y la defensa de los derechos humanos (2%). 

Niños en su campamento de refugiados en Los Altos de Chiapas. Carlos Ogaz

Resaltan 3 actores que influyen en estos hechos: 1) autoridades comunitarias (48%), a través de la creación y fortalecimiento de grupos que buscan el control de las estructuras comunitarias mediante la coacción, posibilitada por el reparto de los programas sociales en el nivel local, así como por el ejercicio de la coerción y castigos colectivos; 2) actores pertenecientes a instituciones gubernamentales (37%), como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como distintas procuradurías de justicia y policías, y 3) simpatizantes y organizaciones de partidos políticos (15%).

Actualmente el desplazamiento forzado continúa dándose en los municipios donde el conflicto tuvo mayor presencia, tras su emergencia en 1994: Ocosingo, Chilón, Sabanilla, Tumbalá, Sitalá, Altamirano, Las Margaritas, así como en los municipios de Chenalhó, Aldama, San Andrés Larráinzar, Zinacantán, San Cristóbal de Las Casas y Tenejapa. Se desarrolla en medio de distintas formas de violencia cobijadas por un ambiente de impunidad que ha permitido que sigan operando grupos armados y poderes locales que hostigan en las comunidades, amenazan de muerte, queman casas, roban cosechas, asesinan, agreden física y psicológicamente, provocando la huida de las personas para salvar su vida. 

El desplazamiento forzado es un método de control de población y del territorio que se ha extendido contra grupos de la sociedad civil en general y contra quienes luchan por la tierra, en medio de un contexto en el que se entrecruzan intereses públicos y privados, proyectos de desarrollo, de infraestructura, extractivos y de turismo. •