Outsourcing y evasión fiscal
a subcontratación de trabajadores, también conocida como outsourcing, es una actividad empresarial que se regula en México desde 2012. Hay empresarios ligados a esta actividad que se han vuelto multimillonarios en unos años, como es Raúl Beyruti, quien mediante el Gin Group administra el personal de grandes grupos como Santander, Walmart, HSBC, Comex y Afirme.
Que alguien pase de la noche a la mañana de un modesto capital a ser un gran señor de los dineros, como Beyruti, y controle hospitales, restaurantes, servicios financieros, medios (periódicos, revistas, estaciones de radio, canales de televisión y portales de Internet) y tenga en su nómina a más de 180 mil empleados, no es algo que por sí mismo sea delito.
Lo malo de la subcontratación de los trabajadores es que en México se detectan grandes fugas de recursos, debido a una ley laxa que permite a las empresas desentenderse de las responsabilidades que tienen con sus empleados, con las instituciones de seguridad social y con el fisco.
Firmas como Walmart y Santander, delegan sus obligaciones a un tercero y la empresa de outsourcing utiliza los medios a su alcance para ahorrarles dinero a costa de sus trabajadores, del IMSS y del SAT.
Esto es precisamente lo que regula la nueva ley que promueve Napoleón Gómez Urrutia y cuyo dictamen ya fue aprobado por el Senado, con el objetivo de transparentar la relación que cada empresa tiene con sus trabajadores y con Hacienda.
A diferencia de lo que plantean los líderes empresariales de Coparmex, Concanaco y CCE, quienes señalan que la nueva legislación trata de criminalizar una actividad productiva, se trata de generar certidumbre en la contratación laboral y de que cada empresa pague las prestaciones e impuestos que le corresponden.
La regulación no tiene el objetivo de acabar con la subcontratación, como plantean algunas voces interesadas, sino regular esta actividad en forma adecuada en beneficio de los trabajadores, del fisco y de las propias empresas. Otra ventaja de la nueva regulación es que va en línea con el nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, en donde México se compromete a mejorar los ingresos y prestaciones de su fuerza laboral.
