Pese a la existencia de fallos de organismos internacionales que obligan al Estado a ayudar a los familiares de tres personas desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha cumplido hasta ahora con el trabajo que le corresponde, lo que significa un acto de desacato por parte de las autoridades mexicanas.

Así lo advirtió Juan Carlos Gutiérrez, director de la asociación civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien señaló que aunque es loable el propósito de la titular de la CEAV, Mara Gómez, de poner orden en las finanzas del organismo, dicha misión no puede frenar totalmente el cumplimiento de sus obligaciones con los agraviados.

En entrevista, el abogado explicó que Idheas comenzó un litigio ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH-ONU) con respecto a los casos de Christian Téllez, Víctor Manuel Guajardo y Jesús Israel Moreno, quienes fueron víctimas de desaparición forzada en Veracruz, en 2010; en Coahuila, en 2013, y en Oaxaca, en 2011, respectivamente.

En los tres casos, el CDH-ONU emitió un dictamen en contra del Estado mexicano por considerar que violó diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que obliga al gobierno a realizar una investigación rigurosa para establecer el paradero de las víctimas y a otorgarle a sus familias diversas medidas de reparación del daño.

Por lo que se refiere al caso de Téllez, el plazo de 180 días que tenía el gobierno mexicano para informar sobre las medidas adoptadas para cumplir el dictamen ya se agotó. En los episodios de Guajardo y Moreno, dicho vencimiento está próximo a llegar, pero en ninguno de los tres ha habido respuesta de las autoridades, denunció Gutiérrez.

Ni la CEAV ni las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación han realizado las acciones para cumplir con el dictamen. La CEAV no se ha reunido con las víctimas ni ha querido definir los lineamientos para la reparación del daño. Todas las autoridades están faltando a su compromiso, lamentó.

Consultado sobre el anuncio de Mara Gómez en el sentido de que ahora se aplicará un modelo de reparación integral donde el dinero no sea la parte central de la ayuda, el director de Idheas señaló que está de acuerdo con el propósito de la funcionaria, pero al mismo tiempo indicó que eso no puede frenar la obligación del instituto de apoyar a las víctimas que por el momento dependen de di-chas medidas.

Estamos de acuerdo con que se detengan las indemnizaciones exageradas, pero Mara Gómez nunca ha hecho públicas cuáles son las medidas que ha tomado. Lo que ha habido es una parálisis de la institución y mucha gente lleva tres meses preguntándose qué pasa con sus apoyos económicos. No se están comunicando con las víctimas y hay mucha incertidumbre, recalcó el abogado.