on cifras promedio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que trimestralmente levanta el INEGI, para 2019 se establece una población total de 126 millones de habitantes, de los cuales 95 millones (75.3%) están en edad laboral (15 años o más). De éstos últimos (según nuestra clasificación UNITÉ) (Gráfico 1), 63 millones (66.2%) integran la Población Económicamente Activa (PEA), y 32 m (33.8%) la no económicamente activa.

De la PEA (63 m), 55 millones se ocupan en todo tipo de actividades con ingreso (tasa de ocupación de 87.6%), y casi 8 millones no (tasa de desempleo de 12.4%).

De la población ocupada (55 m) sólo 35.4 m (64.4%) son asalariados pero únicamente 20.6 m (37.4%) cuentan con empleo formal con acceso a instituciones de salud. Esto significa grosso modo que se requiere una cobertura de salud gratuita (con el nuevo Instituto de Salud y el Bienestar) para 35 millones de personas hoy ocupadas sin ese servicio, más sus dependientes sin ingreso; y ello careciendo aun de acceso a una pensión o a una vivienda.

Es por ello que la mejor política social empieza y termina con el empleo justamente remunerado (subordinado o por cuenta propia) y con éste el acceso franco a salud, vivienda y pensión.

La carrera por crear empleos formales con un patrón responsable de inscribir al trabajador (y pagar) la seguridad social, está irremediablemente perdida. Tomando los promedios anuales del último quinquenio (2015-19), mientras la PEA crece cada año en torno a 1 millón de personas (nuevo requerimiento de empleo), la economía sólo es capaz de incorporar 690 mil nuevos trabajadores al IMSS, muchos de ellos con plazas ya existentes y sólo "formalizadas" (Gráfico 2). Esta incorporación sólo llegó en 2019 a 457 mil trabajadores, menos de la mitad de la nueva PEA y sin abatir el hecho de que dos de cada tres económicamente activos no tienen seguridad social.

Esta incapacidad estructural para generar el empleo formal requerido nos obliga a un replanteamiento de fondo del enfoque laboral seguido, ya obsoleto ante una realidad ocupacional distinta y en mucho contrapuesta con los criterios prevalecientes hasta la fecha: El secuestro de los mercados por grandes corporaciones cada vez más automatizadas que producen más con menos personal en todos los sectores de la economía; y la tendencia creciente (por necesidad o elección) al trabajo independiente, por cuenta propia, sin un patrón y para varios empleadores, son dos elementos relevantes para repensar el empleo.

Una nueva estrategia requiere poner coto a los (semi) monopolios para abrir el mercado a pequeños y medianos productores que sí generan empleo; dar vías de acceso a una seguridad social integral al trabajo independiente; reducir horas de trabajo para mayor acceso de personas; alentar la producción eficiente intensiva en mano de obra y desalentar el uso de tecnologías desplazantes del trabajo humano.

El trabajo productivo y su justa remuneración debemos verlos como el eje y la razón de ser de la economía. El empleo es la vía a la equidad sin subsidios; a la dignidad, la realización personal y la autoestima; a la seguridad familiar y comunal, a la superación generacional, a paliar los conflictos de género,... a una auténtica socioeconomía del bienestar y la convivencia.

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