egún la regla en que se basan los epidemiólogos para referirse a la infección que provoca el nuevo coronavirus en la población, 80 por ciento de las personas no van a enfermar gravemente o tendrán un cuadro asintomático; 15 por ciento tendrán un cuadro más intenso, parecido a la influenza, y tampoco enfermarán gravemente, y 5 por ciento sí necesitará tratamiento intensivo en los hospitales.

El nuevo coronavirus puede ser una enfermedad grave. Eso no debe perderse de vista. Las magnitudes que representa esta epidemia ponen en un estado de fuerte tensión a los servicios de salud, los públicos y los privados. De ahí se desprenden las medidas de gestión de las distintas fases por las que transita el efecto del virus.

Un asunto que debe tenerse en cuenta es el alto grado de contagio de este nuevo virus. Representa una progresión de tipo geométrico derivado del contacto entre los individuos (ver video en https://bit.ly/2WbCnJH). El límite del proceso de infección sería, teóricamente, cuando todos estuviesen infectados. Por ello es necesario prevenir el contagio para detener la epidemia antes de ese límite. Por qué, entonces, fija el gobierno hasta dentro de una semana el inicio de la fase dos de la epidemia, lo que implica imponer prácticas severas de distanciamiento social.

El gobierno británico ha optado por el control del contagio como forma de contenerlo, pero hay muchas dudas sobre el resultado de esa medida. Eso es riesgoso y con la vida de la gente no se juega.

Del escenario general se desprenden las acciones que han tomado los gobiernos desde la irrupción del nuevo virus en Wuhan a finales de 2019 y su rápida evolución, misma que se advierte en que ya en marzo se ha declarado un estado de pandemia.

Todos los gobiernos han sido puestos a prueba, unos han actuado de manera decisiva. Los que no lo han hecho tuvieron que implementar medidas extremas de aislamiento, como ocurre ahora en Italia y España. En Italia la situación es tan mala que en algunos casos se aplica la medicina de catástrofe para determinar qué pacientes graves reciben o no atención en función de los recursos disponibles.

En México el gobierno ha tenido la ventaja de observar el desarrollo del proceso infeccioso y sus repercusiones sanitarias, sociales y económicas. Se sabe lo que va a ocurrir en tiempo y forma. La impresión es, sin embargo, que persiste la confusión sobre la oportunidad de las medidas que deben adoptarse, la falta de coordinación de distintos sectores es notoria y, también, en la comunicación con la gente. El Presidente mismo contribuye con sus afirmaciones y actos a que no se consiga una mayor congruencia.

A Donald Trump lo han alcanzado rápidamente sus palabras y falsedades. Si hace un par de semanas minimizaba el asunto del nuevo virus, ahora declara emergencia nacional. Hay muchas dudas de que su país esté en condiciones adecuadas para enfrentar la crisis de salud y la embestida económica que ya está en curso.

El escenario esperable en materia de salud pública es muy problemático. A pesar de la regla 80-15-5, que sugiere que la situación podría no ser catastrófica, su significado práctico es oneroso en materia de la capacidad de atención de los servicios de salud y los efectos que de ahí se derivan.

Sobre todo, es muy grande la repercusión negativa en materia de actividad económica. Las medidas de aislamiento que se impondrán a la población tienen efecto directo en las condiciones de los trabajadores y las empresas. Eso no se puede evitar, pero sí se puede actuar para contenerlo. Es ahí donde el gobierno tiene que aparecer seriamente, con medidas bien concebidas y mejor implementadas, obviamente de modo oportuno.

Me temo que a estas alturas nadie tiene claro qué se va a hacer. En Hacienda se habla de programas de crédito y en el Banco de México de apoyos a la liquidez. Es imprescindible proteger los ingresos de la población y sostener una capacidad mínima de consumo, y al mismo tiempo tener un plan para subsanar la interrupción de la actividad productiva de las empresas, sobre todo las más pequeñas. El costo de la epidemia será muy grande y se agravará con una mala gestión económica.

El gobierno alemán ha ofrecido efectivo suficiente para los negocios, lo que el ministro de Finanzas denominó una gran bazuca para prevenir el colapso del crédito y, con ello, una recesión.

El riesgo político para el gobierno es muy grande. La fragilidad de la sociedad y de la economía pueden ser mucho más grandes de lo que se imagina. Esta será la prueba más relevante del sexenio. En particular de la idea que se ha propuesto de cómo funciona una economía compleja y desigual, lo que exigirá hacer ajustes en los planes de gestión tal como se han concebido hasta ahora.