La Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México envió un informe al juez décimo quinto de distrito, en el que reconoce que se debió haber consultado a pueblos indígenas y barrios originarios para la creación de la Ley de Planeación.

A tres meses de su aprobación, dicho ordenamiento continúa siendo objeto de disputa entre las bancadas del Congreso, pues la comisión, liderada por panistas y perredistas, acusó a las comisiones de Pueblos y Barrios, y de Puntos Constitucionales, encabezadas por los diputados de Morena Guadalupe Chavira y Nazario Norberto, respectivamente, de elaborar una opinión en contra de consultar a dicho sector social para la creación de la ley, incluso presentó el documento de la negativa.

En el documento la Comisión de Planeación se pronunció a favor de conceder el amparo a los pueblos “a efecto de que el Congreso de la Ciudad de México se encuentre ante la posibilidad de reparar el agravio, y se subsane el procedimiento legislativo para iniciar uno nuevo en el que garanticen los derechos de la parte afectada.

“… y de esta manera, la Ciudad de México pueda contar con una legislación en materia de planeación del desarrollo, cuya elaboración cumpla con el pleno respeto de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas recientes de esta entidad federativa”.

Este documento fue en respuesta a un informe que presentó el propio Congreso capitalino, por conducto de su área jurídica al juez de distrito en el que se dijo una verdad a medias sobre el rechazo a la consulta, dijeron los panistas.

Nunca reconocía que se les debía haber consultado, nunca fundamentó por qué se les negó el reconocimiento de un derecho federal y local, y trataron de escudar todo en las decisiones de las comisiones que emitieron una opinión, pero eso no explica originalmente por qué la Junta de Coordinación Política o la mesa directiva no decidieron, en su momento, emitir una convocatoria para consultar a los pueblos y barrios originarios, dijo el presidente de la comisión, Federico Döring.

La Ley de Planeación debió haberse aprobado en septiembre del año pasado; sin embargo, por el amparo interpuesto por representantes de pueblos y barrios por la falta de consulta, y la carencia de consenso entre Morena y la oposición, se aprobó tres meses después.

Le ley, aprobada por apenas una treintena de congresistas, ha sido cuestionada por vecinos, quienes acusan a Morena de centralizar la planeación de la ciudad en la Jefatura de Gobierno.