La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en el Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, planteó al Senado la necesidad de reformar cinco leyes a fin de que ese organismo cumpla con su responsabilidad de manera más eficaz, ya que enfrentar ese hecho delictivo se vuelve cada vez más difícil y prevenirlo casi imposible.

En el informe de su primer año de labores que presentó al Senado, resaltó que se da el absurdo de contrataciones ilícitas de millones de dólares que pueden poner en riesgo la estabilidad del país, y la ley contempla sanciones mínimas.

Entre las reformas que propone están que esa fiscalía conozca de lavado de dinero, usar aparatos electrónicos para obtener pruebas, así como aplicar la extinción de dominio en cohecho y peculado a fin de inmovilizar cuentas y asegurar bienes de las empresas implicadas.

En el documento, que analizarán las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la fiscal Mijangos advierte que una de las paradojas del combate a la corrupción es que se trata de un fenómeno que se autorrefuerza, ya que al producir grandes ganancias ilícitas, hace que se generen los incentivos para su reproducción”.

Plantea que se requiere una restructuración y redefinición de competencias de esa fiscalía para que cumpla con el mandato de combatir lo que se conoce como gran corrupción, que cometen las empresas, para acabar con la impunidad de éstas y sus representantes.

Presentará también a consideración del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, una definición de competencia entre las áreas de la fiscalía; una opción sería priorizar por sectores de acuerdo con su impacto social o económico, con una visión clara del fenómeno criminal que, por ejemplo, incluya, áreas especializadas en corrupción en contrataciones públicas, en programas sociales, en el sector salud, corrupción relacionada con seguridad nacional o corrupción corporativa.

La fiscal planteó a los senadores la necesidad de reformar el Código Penal Federal, a fin de que la dependencia a su cargo conozca de lavado de dinero e incrementar las sanciones actuales para corrupción, “sin derecho a beneficios o prerrogativas cuando el monto de la afectación patrimonial al Estado sea superior a 25 mil umas.

Sugirió modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que la fiscalía pueda aplicar las figuras del régimen de excepción para garantizar el esclarecimiento de los hechos de alta complejidad y especialización técnica; reformar la Ley Nacional de Extinción de Dominio para incorporar el cohecho y peculado como delitos donde esa figura proceda. Además, para dotar a esa fiscalía, durante sus investigaciones, de mecanismos ágiles y eficaces para la inmovilización de cuentas y suspensión de cotizaciones en la Bolsa de Valores.

Igualmente, para asegurar los bienes de las empresas que cometan cohecho con servidores públicos, e inmediatamente bloquear la salida de capitales al extranjero mediante providencias precautorias reales.