o descubren el hilo negro, pero nunca está de más insistir en el punto: el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoce que el coronavirus tendrá impacto en la economía mexicana, aun en el escenario más favorable, y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advierte que la pandemia afectará la actividad productiva del país.

Es bueno recordarlo, pero insuficiente si a la par no se actúa en consecuencia. Cierto es que ambas instituciones han puesto en marcha algunas medidas para amortiguar el golpe, pero urge ir más allá, incluso como política preventiva, e involucrar a todo el aparato gubernamental y a la cadena productiva de forma coordinada.

Ante tal panorama, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– propone implementar medidas contingentes para enfrentar el mayor desafío de los últimos 11 años, toda vez que la afectación por el coronavirus puede ser profunda, amplia y significativa, salvo que se tenga en mente lo que mencionó el presidente López Obrador en la reunión anual de industriales de octubre pasado (Primero es México).

Ante tal panorama, la propuesta es un gran acuerdo nacional en materia socioeconómica por cuatro factores previos al coronavirus y seis nuevos: la recesión industrial que desde hace 16 meses vive la industria mexicana; en enero la industria volvió a retroceder (-1.7 por ciento a tasa anualizada), su tendencia continúa a la baja y el promedio anual durante la actual administración es de -1.8 por ciento, el más bajo de los últimos tres sexenios. Persiste la inquietante caída de la capacidad potencial del sector.

Previo al coronavirus, la actividad industrial global ya exhibía una tendencia negativa. La recesión del producto interno bruto en 2019 y la precarización que propició en el mercado laboral limitan la capacidad de consumo de las familias mexicanas, la actividad productiva de las empresas y los recursos disponibles para el financiamiento y la inversión que México requiere.

Nuestro país necesita un programa de política industrial integral ante los cambios que el T-MEC requiere y así cumplir con sus directrices y reglamentaciones. El efecto económico y financiero más visible es la depreciación del peso frente al dólar, un hecho provocado por la salida de capitales contabilizada desde la segunda quincena de febrero.

Durante el segundo y tercer trimestres de 2019 ya se había contabilizado una reducción del financiamiento externo. Se suma la recesión industrial por la afectación registrada en la construcción y la manufactura.

El Banco de México no podrá utilizar todas sus herramientas de política monetaria, porque una reducción en las tasas de interés podría provocar una mayor pérdida del peso frente al dólar y con ello generar presión inflacionaria. El beneficio para la exportación y el crecimiento económico no se encuentra en la directriz que norma la acción del banco central.

La caída del precio del petróleo: hasta el jueves 12 se encontraba por debajo de la mitad de lo establecido en los Criterios Generales de Política Económica y el presupuesto para 2020. La guerra del petróleo entre Rusia, Arabia Saudita y los productores de petróleo shell acicatea la caída en los precios del hidrocarburo.

Las limitaciones impuestas en Estados Unidos y Europa provocarán una desaceleración global; la menor demanda se conjugará con problemas de proveeduría, volatilidad y financiamiento. En este escenario la solución no podrá llegar con la acción aislada del gobierno.

Por ello, la única forma de solventar el desafío es con la acción conjunta de gobierno, sector privado y la sociedad en general. Las acciones individuales serán insuficientes. La situación actual representa la oportunidad para el gobierno mexicano y su 4T para realizar una gran convocatoria de unidad nacional para enfrentar el reto.

Las rebanadas del pastel

Finalmente se cerró el círculo: Canadá aprobó el T-MEC. Sólo faltan los resultados, con la esperanza de que sean positivos.

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