a tercera y más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES) cancela o mitiga problemas de anteriores versiones. Por ejemplo, en la primera de éstas, el derecho a la educación era “el derecho… a la posibilidad de recibir educación”. En la segunda, de enero pasado, era mucho más directo, establecía “el derecho de toda persona…[a] el acceso a… educación superior” . Pero la versión de hace tres días no es clara: “El Estado determinará las medidas para garantizar… el derecho… al acceso a… educación superior” (artículo 3º). Así redactado, deja en la oscuridad y en manos de la SEP cuáles serán esas medidas, y los criterios para definirlas son muy generales (artículo 6º).

Para los estudiantes sí hay un cambio: si en la segunda versión las autoridades individuales y colegiadas de las universidades crearían “requisitos de admisión y … de permanencia, tránsito y titulación” y medidas para la continuidad, egreso oportuno y excelencia educativa, en la actual nueva versión el único requisito es el certificado de bachillerato. Y queda en otra parte que la entrega de apoyos académicos y económicos se hará bajo criterios de excelencia educativa, inclusión, permanencia, continuidad y egreso oportuno (34).

Otro punto importante es el papel del empresariado. En la segunda versión, su presencia era preminente en una decena de artículos y fracciones, y aparecía como integrante clave en los nuevos espacios de participación, consulta y vinculación que habrían de crearse. Pero ahora la presencia del empresariado nacional y trasnacional se ve disminuida al quedar remitidos a posteriores acciones los espacios que se proponían (35, II; 62, IV, y XI, Art. 63 y 63, IV y V). Y así queda descartada la idea de un enorme y burocrático Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (45, IX) y con presencia empresarial.

Igualmente importante es el hecho de que en medio de una discusión que pone sobre la mesa muchos otros elementos claves para el futuro de la universidad autónoma, nada menos que 25 titulares de universidades autónomas (así como del Colmex y la Anuies), encabezados por los rectores de la UNAM y de la UAM, publican un belicoso desplegado pero no en apoyo a un proyecto integral de universidad para nuevos tiempos construido con sus comunidades, sino para impedir que una legislatura estatal (Puebla) nombre al titular del órgano de control interno en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ( La Jornada, 25/02/2020). Y tienen razón, es una violación a la autonomía, pero eso y muchísimo más ha estado en juego en estos meses y, que se sepa, no han dicho una sola palabra fuera ni dentro de sus comunidades. En el caso de la UAM, por unanimidad y desde el año pasado, un departamento académico mandató a sus representantes que pidieran al consejo abrir la discusión sobre la LGES. Pasan los meses y ni siquiera lo han propuesto, una muestra de la manera en que se cuida, incluso de un debate sobre una ley, la estructura de poder universitaria, piramidal y conservadora. En 2019 tuvieron que pasar más de tres meses de huelga para que finalmente la rectoría cediera lo mínimo, salarios caídos (a pesar de que, ahora se sabe, un mes antes de iniciar el paro laboral tenía ahorros por más de 300 millones de pesos del presupuesto 2018, y 204 millones en 2017). Y este año, un académico tuvo que pasar 38 días en huelga de hambre para que el rector y el consejo aprobaran realizar un foro. Este clima autoritario burocratiza la institución, descalifica y desdeña las escasas dinámicas de participación, se resiste a la participación de profesores aun en decisiones sobre planes de estudio –como en el caso del tronco común de la UAM-Xochimilco–, propicia una aristocrática hostilidad y dañinos rumores respecto de las y los profesores temporales.

Las universidades deberían cambiar, a fondo. Estamos en una época donde se reconoce más el derecho a la educación, donde hay movilizaciones poderosas, impensables hace apenas 10 años, donde la vida misma, el trabajo y el futuro de las y los jóvenes está en juego, donde es necesario aprender nuevas cosas y de nuevas maneras, donde la democracia debe empezar en la casa, en la escuela y la universidad, o no la habrá en el país. Pero, al grito de “es urgente frenar a quienes al amparo del poder público pretenden atentar contra las universidades …” e, inevitablemente, la frase favorita, e incidir en la normatividad que las rige los rectores defienden una autonomía y una normatividad que los protege más a ellos que a estudiantes y trabajadores. Gracias a esas normas, en la UAM las facultades del rector han pasado de siete a 27. En este escenario, el reciente y sentido fallecimiento de la querida profesora-investigadora Silvia Radosh hace más vívido el contraste entre el esfuerzo por crear la universidad democrática para todos, que ella siempre defendió, y el burocratismo autoritario con que se cobija la excelencia y la calidad.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.