Entre los funcionarios investigados por sus nexos con Genaro García Luna y que estarían en proceso de ser dados de baja de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encuentra el director general de administración de las prisiones federales, Óscar Moreno Villatoro, indicaron funcionarios del gobierno federal.

Las pesquisas se han extendido a lo que hoy se denomina el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que sustituyó al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En todos sus cargos, Moreno Villatoro estuvo bajo el mando de Ramón Eduardo Pequeño García, ex titular de la división antidrogas de la Policía Federal, uno de los mandos más cercanos a García Luna y quien está sujeto a investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que el secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón fue detenido por autoridades de Estados Unidos por presuntamente haber recibido sobornos de grupos delictivos.

Moreno Villatoro ocupó cinco cargos distintos en la Policía Federal durante el sexenio en que García Luna dirigió la Secretaría de Seguridad Pública –2006 a 2012–, entre ellos fungió como titular de Puertos y Fronteras. También laboró en 2018 como director general adjunto en Integración de Averiguaciones Previas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Otro de los funcionarios investigados por sus presuntos nexos con García Luna es Francisco Eduardo Parra García, quien actualmente se desempeña como director de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales en el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y quien de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), de 2004 a 2008 laboró en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, y posteriormente ingresó a la entonces SSP federal como inspector de la PF.

Las declaraciones patrimoniales de ambos funcionarios no pueden ser consultadas en ninguna de sus etapas como servidores públicos en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública.