n el actual Consejo Nacional de Población, los derechos de las niñas, niños y adolescentes cobran la mayor prioridad, y como reconoció recientemente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estamos frente a uno de los más duros momentos de la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes del país. Además de feminicidios, se violentan sus derechos sexuales y reproductivos, muchas de ellas son víctimas de abuso sexual, de violación y de embarazo infantil.

El embarazo infantil es un acto de crueldad, no hay razón alguna para que existan niñas madres. Además de ser sujetas de protección, ellas son sujetas de derechos: a una vida libre de violencia y al ejercicio de todos sus derechos, incluyendo el respeto a su cuerpo, a su sexualidad y a postergar su vida reproductiva.

Mientras que en México, el embarazo en las adolescentes de 15 a 19 años presenta un descenso lento (pasó de 74 nacimientos por cada mil adolescentes a 69, en tres años, con 370 mil nacimientos en 2018, mil diarios), el embarazo infantil está creciendo y es un problema de mayor gravedad.

La tasa de embarazo infantil, la de niñas menores de 14 años, se dobló en 30 años: era de 1.15 nacimientos por cada mil niñas en 1991 y es de 2.8 nacimientos por cada mil niñas en 2018. En la actualidad se registran 12 mil 523 nacimientos anuales de niñas madres, 34 en promedio cada día. Las entidades con más alta maternidad infantil son Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas y Tamaulipas (estimaciones de Conapo con base en estadísticas vitales de 2016 y proyecciones).

Aunque hace falta comprender mejor el fenómeno de la maternidad infantil, sabemos que en muchas ocasiones se trata de niñas víctimas de violencia sexual y de matrimonios arreglados que no se denuncian. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) 2.5 por ciento de las mujeres declaran haber sufrido violación sexual en su infancia, en muchas ocasiones los agresores son familiares o personas cercanas: 27.5 por ciento señalan a los tíos como agresores, 15 por ciento señala a otro familiar, 13 a un conocido, 9.7 identifica a un desconocido, 9.3 a un hermano, 6.2 por ciento de las niñas señalan al padre como su agresor y 21 por ciento a otro.

En nuestro país, aunque la gran mayoría de las uniones o matrimonios son por voluntad, los motivos por los cuales las mujeres están unidas o casadas pueden también estar vinculados a embarazos, a violencias y hasta a transacciones económicas. Según la misma encuesta arriba señalada, 84 por ciento de las mujeres afirman que decidieron unirse o casarse porque la pareja se quería, 8.7 por ciento señala que se casó porque se embarazó y decidió unirse o casarse, 3.9 se unió porque quería irse o salirse de su casa, 1.2 por ciento se embarazó y la obligaron a casarse, 1 por ciento de las mujeres se las robaron en contra de su voluntad y tuvieron que casarse o unirse, y 0.5 por ciento de las encuestadas afirman que sus padres arreglaron el matrimonio o unión a cambio de dinero, regalos o propiedades.

Otro dato revelador de abuso de poder sobre las niñas, es la diferencia de edad de los compañeros. La mayoría de las uniones, matrimonios y maternidades de las madres menores de 14 años ocurren con hombres mayores, 40 por ciento de los progenitores de ellas tiene entre 15 y 19 años, 23 por ciento tiene de 20 a 24 años, 5 por ciento tiene entre 25 y 29 años y hay 3.6 por ciento que tiene hasta 30 años más que las niñas madres. Las desigualdades sociales siempre están correlacionadas con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es más común que exista mayor fecundidad temprana y discriminación hacia las mujeres en zonas donde predomina la pobreza y hay mayor población hablante de lengua indígena, áreas donde ocurre el mayor número de matrimonios infantiles forzados así como embarazos a edades tempranas. La escolaridad también se correlaciona, la mitad de las niñas madres tienen estudios de primaria incompleta y otro 30 por ciento apenas terminó la secundaria (Conapo, ibídem).

Acabar con las desigualdades y con la opresión hacia las mujeres es prioridad del gobierno actual. Desde el Conapo y con un conjunto de instituciones estamos relanzando la Estrategia para la prevención y atención del embarazo de adolescentes y niñas. Se incluyen políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas, difundir el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en los medios, educación sexual integral en las escuelas y centros comunitarios y fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva en centros de salud, incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres, el cual está despenalizado en caso de violación, en todas las entidades del país.

Twitter: Gabrielarodr108