Zacatecas, Zac., Para las autoridades estatales se ha tornado complejo abatir la delincuencia porque lamentablemente la población encuentra incentivos perversos para incorporarse a las filas del crimen organizado ante el desempleo, la pobreza y la falta de educación, justificó ante el pleno del Congreso local el fiscal Francisco Murillo Ruiseco.

Al rendir ayer su segundo informe al frente de la dependencia –en presencia del gobernador Alejandro Tello Cristerna y de Arturo Nahle García, presidente del Poder Judicial de Zacatecas–, Murillo Ruiseco informó que en los últimos 12 meses se localizaron 29 inhumaciones irregulares en 14 municipios de la entidad, recuperándose de esas fosas clandestinas 44 posibles víctimas.

La comparecencia de Murillo Ruiseco generó polémica, ya que por acuerdo de los coordinadores de bancada en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se modificó el formato de la rendición de cuentas de funcionarios ante el Poder Legislativo.

En lugar de que primero el fiscal leyera un resumen de su informe y luego escuchara las posturas y cuestionamientos de cada uno de los 30 diputados, esta vez sólo se permitió fijar una postura de cinco minutos por cada coordinador de bancada y en seguida el funcionario planteó su punto de vista.

Además, toda el área de galerías del pleno del Congreso fue ocupada por cientos de policías ministeriales y personal administrativo de la fiscalía, acarreados para evitar que ocuparan ese espacio, generalmente abierto al público, personas de organizaciones sociales. A la prensa también se le impidió esta vez acceso a esa zona.

Sin embargo, Murillo Ruiseco fue cuestionado por algunos de los parlamentarios. Javier Calzada Vázquez, del Partido Encuentro Social, lamentó la alta incidencia de delitos de alto impacto en la entidad, razón por la cua, existe un éxodo de familias a otros estados y al extranjero, y aun así no están a salvo.

Debido a los secuestros, extorsiones y cobro de piso los negocios cierran en el centro, norte y sur del estado. La gente paga piso, a veces a más de una organización criminal. Los problemas en Río Grande, Ojocaliente, todo el sureste, los cañones de Juchipila y Tlaltenango son verdaderamente insostenibles, expuso.

Susana Rodríguez Márquez, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México, recordó al fiscal zacatecano que su presencia no es una pasarela para exhibirse ante los retos que nos impone una sociedad con graves problemas de inseguridad.

Advirtió que en el trabajo de la dependencia se requiere firmeza, pero no arbitrariedad, conocimiento y no improvisación, experiencia y no aprender sobre la marcha en la integración de carpetas de investigación que por deficiencias se caen cuando en tribunales se exhibe su debilidad argumentativa, legal, convencional y, lo más grave, por conflicto de interés, deshonestidad y corrupción.

Refirió que la entidad cerró 2019 con una tasa de 31.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a Zacatecas por encima de Sinaloa, Jalisco y Oaxaca.

Juan José Mendoza Maldonado, coordinador de los perredistas, señaló que no ha prosperado ninguna de las tres denuncias que se presentaron hace tres años contra el ex gobernador priísta Miguel Alonso Reyes por lavado de dinero y peculado.