Jueves 12 de marzo de 2020, p. 24
Mexicali, BC., Seis meses antes de que la administración estatal encabezada por el panista Francisco Vega de Lamadrid concluyera, el pasado 31 de octubre, su gobierno pagó un millón 417 mil pesos por la elaboración de la memoria documental Proyecto cooperativo para la instalación de la planta cervecera del Grupo Constellation Brands en Baja California
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Con este instrumento el entonces mandatario pretendía justificar el proyecto de la empresa estadunidense, pues en él se asegura que hay suficiente agua para su abastecimiento y para reserva, además de que cumplía con las condiciones de la manifestación de impacto ambiental (MIA).
Fue uno de los 24 documentos contratados por el entonces encargado de despacho de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José María Armendáriz, que adjudicó en mayo de 2019 de manera directa a la empresa Jal Consulting and Computer. Fue entregado al gobierno estatal a finales de octubre pasado, cuando la fechada pactada era el 17 de septiembre.
La Secretaría de Protección al Ambiente otorgó la autorización condicionada
a la MIA que presentó BC Tenedora Inmobiliaria, representante de la cervecera, según el oficio SPA-MXL-1129/2016 del 15 de abril de 2016. Según la memoria documental, los condicionantes fueron cumplidos íntegramente por la empresa el 7 de marzo de 2017
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En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvo que su propuesta de realizar una consulta pública sobre la instalación de la cervecera de Constellation Brands, el 21 y 22 de marzo próximos, no incide en el cumplimiento que al respecto les corresponda realizar a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de esa entidad en relación con la recomendación que sobre el tema emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un comunicado, la dependencia federal indicó que el objetivo de la consulta es integrar la participación ciudadana en el proceso, lo cual responde al perfil de política pública de la actual administración.
Agregó que el proceso de consulta pública no afecta respeto a los derechos humanos, sino que los complementa con base en los principios de interdependencia e indivisibilidad.