En el estado de México, como en prácticamente todo el país, las cárceles están llenas de pagadores, es decir, personas inocentes a las que se les fabrican delitos para hacerlas pasar por culpables para anunciar la supuesta resolución de un delito y la gran mayoría de esas víctimas tienen un común denominador: son jóvenes y pobres.

Ante dicho escenario, familiares de personas injustamente presas y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero arrancaron la campaña Haz valer mi libertad, mediante la cual buscan visibilizar las historias de quienes han sido encarcelados de forma irregular, luego de haber sido blanco de detención arbitraria y tortura, para obligarlos a autoincriminarse.

En la página web hazvalermilibertad.wixsite.com, los promotores de esta iniciativa muestran los casos de Daniel Plácido Arroyo, Carlos Alberto Estrada Montoya, Antonio Candelaria Reyes, Jorge Daniel Juárez Vargas, Miguel Ángel Juárez Peña y Ernesto Moranchel Zúñiga, quienes permanecen detenidos en diversos penales mexiquenses, acusados de cargos graves, como secuestro u homicidio.

Antonio Lara, coordinador del CDHZL, explicó en entrevista con La Jornada que a través de las historias de estos seis hombres se busca mostrar que quienes ocupan hoy las prisiones del estado de México son sobre todo jóvenes, de escasos recursos y que tuvieron un acceso nulo a la educación, la cultura y el trabajo digno.

De acuerdo con el litigante, estos casos son el botón de muestra de muchos otros que ocurren en el estado de México mediante los cuales las autoridades buscar justificar cifras de su pretendido combate a la delincuencia, a través de la fabricación de culpables para presentarlos ante la opinión pública, sobre todo en temas que generaron atención de la sociedad.

“Muchas de las personas que hoy están encarceladas, además de ser inocentes, están permitiendo que los verdaderos delincuentes sigan libres. Eso está incrementando los índices delictivos y las prisiones están saturadas, en buena medida con quienes ‘pagan’ con su libertad el mal funcionamiento de las instituciones”, añadió Lara.

Luego de recordar que el estado de México es la entidad con mayor población penitenciaria de todo el país, con alrededor de 30 mil reos, el abogado destacó que otro de los propósitos de la campaña es que sean los propios internos y sus familiares quienes identifiquen a otras personas privadas de la libertad de forma injusta y los animen a denunciar las irregularidades de que fueron víctimas.