deben cancelarse
Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 20
Durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se solaparon y promovieron concesiones irregulares a OHL, ahora Aleatica, acusó Paulo Diez Gargari, abogado de Infraiber, al dar a conocer oficios obtenidos vía transparencia. No hay margen jurídico
que justifique continuar con las concesiones de la vía Amozoc-Perote y del Viaducto Bicentenario, incluso ante un arbitraje internacional, aseguró.
Sin embargo, fuentes relacionadas con el conflicto señalan que la pugna alcanza a la Federación y el estado de México, y –en todo caso– Aleatica podría ser acreedora a una indemnización, pues las bases de licitación, modificaciones y fallo fueron a condición de este último.
En conferencia de prensa, Diez detalló que a más tardar el 20 de marzo Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, debe argumentar –por mandato jurídico– cómo procederá la dependencia en la concesión del Viaducto Bicentenario, que se construyó en una vía federal y por el que sigue cobrando la firma –ahora filial del fondo de pensiones australiano IFM Investors–. Aleatica es una empresa de infraestructura que agrupa las concesiones que la filial mexicana de OHL obtuvo durante el gobier-no de Peña Nieto en el estado de México y luego de éste como presidente.
En el tramo de la vía Amozoc-Perote y en el libramiento que se desprende a Veracruz, la Secretaría de la Función Pública identificó sobrecostos por errores de construcción injustificables
por mil 442 millones de pesos y pidió a la SCT retirar la concesión.
En el Viaducto Bicentenario, Diez promueve una demanda por construirse la obra sobre la México-Querétaro, vía federal sin permisos para explotación. Con base en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley de Bienes Nacionales argumenta que se debe quitar la concesión a la empresa y pasar la obra a la Federación.
La petición se mantiene desde septiembre pasado frente a instancias jurídicas; la información nueva planteada por Diez Gargari es un intercambio de oficios entre el subsecretario de Infraestuctura en el gobierno de Calderón, Fausto Barajas Cummings, y Gerardo Ruiz Esparza, en ese entonces secretario de Comunicaciones del estado de México.