El Instituto Belisario Domínguez, del Senado, destacó en su análisis Apuntes sobre la regulación de la cannabis en México que la política prohibicionista ha ofrecido pocos resultados. La guerra contra las drogas ha incrementado el número de presos relacionados con drogas y el número de homicidios ha aumentado desde 2008.

Rodrigo Ávila y Juan Manuel Rodríguez refieren que la investigadora Elena Azaola señala que una de las consecuencias no deseadas de la guerra contra las drogas ha sido el encarcelamiento de un mayor número de mujeres por delitos relacionadas con éstas, especialmente mujeres en vulnerabilidad, es decir, que se encuentran en pobreza extrema, que son solteras, migrantes o minorías étnicas, entre otras.

Ávila y Rodríguez subrayan que las mujeres presas por delitos relacionados con narcóticos están vinculadas principalmente a la venta y suministro, ya que los hombres se encuentran en reclusión en mayor porcentaje por posesión simple.

Otra de las consecuencias ha sido el incremento en el número de homicidios ocurridos en México. Sostienen que diversos estudios han arrojado luces sobre este particular y refrendan la imperiosa necesidad de que el enfoque de criminalización se modifique diametralmente.

Aseguran que el enfoque prohibicionista no ha reducido los índices de consumo; por el contrario, ha incrementado los niveles de violencia y ha abonado a la estigmatización de los consumidores, ignorando así una perspectiva de salud pública.

Recuerdan que el uso de la cannabis no está autorizado; sin embargo, la Ley General de Salud en sus artículos 478 y 479 establece que no se ejercerá la acción penal sobre las personas que tengan hasta cinco gramos de mariguana para su estricto consumo personal, cantidad que, por cierto, se encuentra muy por debajo de la permitida en otros países, como Colombia, donde es legal la posesión de hasta 20 gramos, y en España, 100 gramos.