San Salvador. Antes de cruzar fronteras para buscar protección internacional, las personas lesbianas, gays, transgénero e intersexual, conocidas colectivamente como LGBT, en El Salvador ya se han visto obligadas a desplazarse internamente una, dos, tres y hasta cuatro veces huyendo del comercio sexual, la persecución de las pandillas y hasta de los agentes de seguridad.

La activista trans salvadoreña Bianka Rodríguez exhibe que en dicho país, a pesar de los crímenes y delitos cometidos en contra de esta comunidad, no hay mecanismos ni protocolos específicos para proteger su integridad y su vida.

Según cifras de la organización Comcavis Trans, que encabeza la defensora de derechos humanos, más de 600 asesinatos de personas LGBT han sido registrados desde 1993 en El Salvador, y entre 2018 y septiembre 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGBT.

En El Salvador, la violencia victimiza a cientos de personas LGBT, quienes son amenazadas, asesinadas o desaparecidas cada día, expuso la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) cuando mataron a Jade Camila Díaz, lideresa comunitaria trans en noviembre del año pasado.

La discriminación y hostigamiento provienen, incluso, de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC –integrada por ex guerrilleros) y la Fuerza Armada, así lo dejaron ver jóvenes lesbianas, gays y transgénero durante una actividad comunitaria impulsada por esta agencia de las Naciones Unidas en El Salvador y Comcavis Trans, en una comunidad del Departamento de La Libertad, al sur de San Salvador, la capital del país.

Por ejemplo, ha habido momentos en que Claudia –así la llamaremos para resguardar su identidad– se ha sentido más segura con los muchachos de las maras que con la propia PNC.

Cuenta que pasó más de dos años en la cárcel porque las leyes acá no investigan. Su novia de ese entonces se involucró en algunas cosas, corrían los años 2009 o 2011 cuando su colonia “se puso bien yuca (difícil) porque no había día de Dios que no hubiese un fallecido por las pandillas” y ella tenía unos cinco días de no llegar a casa. Me preocupé y le hablé al celular.

Su pareja estaba bien y horas más tarde a esa llamada se reunieron de nueva cuenta. Sin embargo, tres días después la policía llegó, las derribaron, las golpearon y las llevaron a la cárcel. A Claudia la encerraron por la llamada porque si yo debo algo y me encuentran con usted, también se la llevan a usted aunque no deba nada.

Tras su salida pasó casi medio año debiendo cargar su carta de libertad, pues no transcurría un día sin que la PNC la parara para pedirle sus documentos. En particular había uno al “que yo le caía mal por lo que soy, por mi forma de vestir… Con la autoridad yo era alguien que no valía”.

Fernando percibe lo mismo, uno paga impuestos, ellos están para servir y proteger, pero la PNC y elementos de la Fuerza Armada los hostigan y violentan porque sus orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género o cuerpos no encajan con las normas culturales establecidas.

Les piden mostrar sus cuerpos para revisar si tienen tatuajes que los identifiquen con las pandillas, “cuando saben bien que uno como parte de la comunidad no puede ser mara”, agrega Sofía, una mujer trans.

Una compañera suya agrega que, además, las chicas trans deben abandonar sus estudios por el asedio, me sacaron de la escuela, dos veces me ha pasado. ¿Quiere terminar los estudios, le pregunta Sofía, hágalo, vuelva, la anima.

Las personas LGBT tampoco tienen acceso adecuado a servicios de salud. Fernando recuerda las veces que lo han lastimado al tomarle muestras de sangre, sólo porque uno es gay.

En general, la comunidad LGBT se encuentra expuesta de manera común a situaciones de discriminación, violación de sus derechos humanos y persecución en diversas partes del mundo; sin embargo, esta marginación es particularmente grave en el norte de Centroamérica donde experimentan una mayor vulnerabilidad frente a los altos niveles de violencia generalizada, documenta un Grupo de Protección Regional de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, liderado por el Consejo Noruego para Refugiados y apoyado por la Acnur.

En el reporte El impacto de la violencia sobre la comunidad LGBT en el Norte de Centroamérica esta iniciativa informa que esas personas se enfrentan a la violencia estructural, familiar, comunitaria, criminal y estatal, y a una falta de protección legal.

En el caso particular de El Salvador, Comcavis Trans exhibe en un informe que a través de testimonios de las víctimas LGBT de desplazamiento forzado, se evidencia la falta de garantías para su protección física y legal de parte del Estado salvadoreño.