Estados Unidos, Canadá y seis países de Europea sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de México, indicaron diversas fuentes en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se esfuerza por otorgar al Estado un papel más relevante en el sector.

Un encuentro diplomático inusualmente amplio es una muestra de cómo la actual política sobre energía, opuesta a la del gobierno anterior, inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México.

Funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa expresaron en privado su preocupación de que la postura energética de México erosiona las bases legales de contratos por miles de millones de dólares firmados bajo la anterior administración.

El gobierno de México niega que se socaven esos acuerdos, pero dice que los contratos previos a menudo dañaron al país, por lo que ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos.

En una reunión organizada la mañana del viernes en la Ciudad de México por la embajada estadunidense, diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos expresaron sus inquietudes y la mejor manera de transmitírselas al presidente López Obrador, según cinco personas allegadas con el encuentro.

Cuando se pidió un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas. Las otras representaciones, ni la oficina de López Obrador, no contestaron a solicitudes de comentarios.

Corrupción hizo necesario replantear contratos

Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerlo público o no, dijo una de las fuentes consultadas. Todas hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

Los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos difieren sobre cuán abiertamente deberían comunicar sus quejas al mandatario mexicano para que no sienta que lo presionan y termine por adoptar un enfoque más rígido.

López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del Estado en el sector energético al argumentar que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad crónica en México y alentaron la corrupción.

Las preocupaciones cada vez más notorias sobre las políticas económicas de AMLO impactaron a la inversión en México el año pasado y contribuyeron a una desaceleración que llevó a la economía a una leve recesión.

Empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México bajo cambios constitucionales que abrieron el mercado energético, en particular para el petróleo y el gas, promulgados en el sexenio de Erique Peña Nieto.

El actual Presidente ha puesto un freno al proceso de liberalización con el argumento de que no ha producido beneficios para México.

Una discusión notable ha sido quién tiene el derecho de operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar, cuyo depósito estaría compartido entre Pemex y un consorcio de inversionistas privados liderado por Estados Unidos.

El año pasado, el gobierno de López Obrador molestó a varios países tras amenazar con romper contratos de infraestructura por unos 12 mil millones de dólares firmados bajo la administración de Peña Nieto con el argumento de que fueron dañinos para los contribuyentes, aunque esa disputa finalmente se resolvió, surgieron nuevos conflictos.

Los pasos del gobierno para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que nubla aún más la confianza de los inversionistas en México.

Parte del dinero metido en proyectos de energía está vinculado a fondos de pensiones en Europa y Norteamérica. Los críticos de las políticas del gobierno temen que los minados rendimientos de esas inversiones afecten a los pensionistas.