La trata de personas es una de las expresiones más crudas de la violencia de género. En México, 85 por ciento de las víctimas de este delito son mujeres y niñas, la gran mayoría explotadas sexualmente. Se trata de una cifra muy por arriba del promedio mundial, que es de 72 por ciento.

Así lo establece el Diagnóstico sobre la situación de trata de personas 2019, elaborado por la pasada administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que este lunes fue retomado por la actual gestión del organismo a fin de remarcar la importancia de realizar acciones para prevenir este crimen y otras violencias contra las mujeres.

El reporte, que se basa entre otros en datos oficiales solicitados a las fiscalías y procuradurías federal y estatales del país, revela que entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 se identificaron 5 mil 245 víctimas de trata de personas o por alguno de los 26 tipos penales que prevé la ley general en la materia.

De ese total de víctimas, 3 mil 308 son mujeres, mil 86 niñas, 492 hombres y 289 niños. Cinco entidades concentran 70 por ciento de las denuncias por este delito: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, estado de México y Oaxaca.

La trata de personas con fines de explotación laboral representa 17 por ciento de los casos reportados en México en el periodo referido. Aquí, 53 por ciento de las víctimas son hombres y niños.

En cuanto a la edad, 73 por ciento de los afectados por la trata de personas son adultos y 27 por ciento menores de edad.

Pocos condenados

Tanto a escala federal como estatal, las procuradurías de justicia reportaron la integración de 2 mil 701 averiguaciones previas por este delito. Se dictaron 858 sentencias, de las cuales 296 fueron absolutorias y 526 condenatorias.

En 46 por ciento de los casos, las autoridades no cuentan con información referente al perfil del presunto responsable del delito. Sin embargo, en 224 averiguaciones se identificó que el agresor tiene una relación de parentesco consanguíneo, civil o por afinidad con la víctima; en 127 estuvo la participación de la delincuencia organizada; en 80, servidores públicos; en dos se detectó la participación conjunta de personal del servicio público, y una persona con parentesco por afinidad con el agraviado.

El diagnóstico de la CNDH refiere que han sido insuficientes los esfuerzos para erradicar y combatir este delito por parte de las instancias gubernamentales y de procuración de justicia.