Ayer se llevaron a cabo dos audiencias temáticas relacionadas con México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las cuales el gobierno fue cuestionado sobre sus acciones en materia de desaparición y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, pero también respecto del nivel de avance del llamado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

En el contexto del 175 periodo de sesiones del organismo continental –celebrado en Puerto Príncipe, Haití–, la primera de las audiencias tuvo como propósito analizar qué ha hecho el Estado mexicano para combatir diversos fenómenos delictivos que afectan a la niñez.

Ahí, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, alertó que la violencia en el país en contra de los menores marca una tendencia creciente e imparable, como lo demuestra el alza en feminicidios, homicidios y desapariciones, todo ello en un contexto de impunidad casi total.

Ante la relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, el activista destacó que hay registro de más de 36 mil desapariciones de infantes y adolescentes (17.7 por ciento del total), sin que hasta ahora las autoridades hayan cumplido los compromisos adquiridos desde 2011 para resolver dicho fenómeno.

En cuanto al reclutamiento forzado, Pérez García indicó que aunque no hay datos confiables al respecto, una gran cantidad de menores siguen siendo incorporados a la delincuencia organizada o a otros grupos armados, lo cual implica graves violaciones a su salud física y mental, sobre todo al ser obligados a presenciar o cometer actos violentos.

La delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, respondió que en abril pró­ximo se analizará un proyecto de protocolo homologado nacional de búsqueda de personas, al tiempo que destacó que en los pasados 20 años se ha logrado encontrar a 36 mil menores desaparecidos, casi todos ellos con vida.

Durante la segunda audiencia temática del día, el gobierno mexicano se comprometió a que el MEIF tenga un presupuesto suficiente para desempeñar sus labores y a que pueda realizarlas con autonomía científica y técnica.

José Ugalde y Diana Iris García, familiares de víctimas de desaparición, resaltaron la existencia de una grave crisis forense, pues como ya han admitido las autoridades, existen más de 37 mil cuerpos sin identificar. De igual manera, lamentaron que la Fiscalía General de la República siga sin involucrarse en estos temas y no haya asistido a la audiencia de la CIDH en Haití.

Las madres en México estamos muriendo de angustia y de impotencia de no tener resultados y que esta tragedia se pueda repetir en nuestras familias y en otras. El principal reto para devolverle la identidad a las personas es el presupuesto que da el gobierno a dichas tareas, señaló García.

En respuesta, el subsecretario Encinas anunció que la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador destinará una bolsa inicial de 400 millones de pesos a la puesta en marcha del MEIF, y también al fortalecimiento de los servicios forenses de todos los estados, además de que se pedirá cooperación de diversos países y organizaciones internacionales.