uando los legisladores electos toman protesta para entrar en funciones su compromiso público es “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo (…) que el pueblo me ha conferido”, en el entendido de que ha sido la mayoría ciudadana la que les permite ocupar tal posición. Así, su única obligación, legal y ética, es con el pueblo de México y sus intereses, no con los grupos de poder.

Tal recordatorio resulta más que oportuno dados los recientes sucesos en el Senado de la República, en el sentido de que uno de sus integrantes (que ha rodado de aquí para allá: priísta, perredista, de Movimiento Ciudadano y morenista, según dice) públicamente reconoce que no responde al interés del pueblo mexicano, sino al de los empresarios.

Se trata de Ricardo Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política, para quien legalizar el outsourcing ilegal es cumplir con los acuerdos con los empresarios, es decir, privilegiar a los grupos de poder en demérito de los mexicanos.

Y actuar en sentido contrario, según dice el senador zacatecano, sería una falta de respeto (a los empresarios), tomarles el pelo, invitarlos a una mesa para que todo quede igual, de tal forma que los acuerdos (los suyos) se respetarán. Además, subrayó, él empeñó su palabra, por lo que la nueva versión del dictamen se mantendrá ( La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

La historia se remonta a principios de diciembre de 2019, cuando las comisiones de Trabajo y Previsión social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron, por unanimidad, el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ilegal ( outsourcing), de tal suerte que el siguiente y último paso era la votación en el pleno.

Como en aquel momento se comentó en este espacio, de seguir con el procedimiento legal (y a todas luces la citada iniciativa se aprobaría en el pleno senatorial), los primeros beneficiados serían los trabajadores, el fisco nacional y las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, pero a Ricardo Monreal se le hizo fácil operar con los dirigentes de las bancadas de otros partidos políticos (Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado, Mauricio Kuri, Miguel Ángel Mancera y Manuel Velasco, afines todos a la patronal) para posponer el procedimiento, so pretexto de una mayor difusión, reflexión y discusión de la iniciativa.

Según el zacatecano, la queja empresarial era que no se le daba oportunidad de debatir y proponer, de tal suerte que se organizó un segundo parlamento abierto para escuchar sus planteamientos (los dirigentes de los organismos cúpula no asistieron, no obstante ser los más gritones) y por cortesía del mago Monreal desapareció el dictamen original (que combatía el outsourcing ilegal).

En su lugar, tal senador presentó otro dictamen con distinto contenido –totalmente favorable para los llamados outsourceros–, es decir, el que Monreal dice que mantendrá, porque él empeñó su palabra (no a favor de los mexicanos) y se cumplirán los acuerdos (con los grupos de poder).

Por ello, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia advirtió que el nuevo dictamen –con el sello de Monreal– lo que hace es legalizar la subcontratación ilegal, como lo propone un grupo de empresarios que se han enriquecido con esa práctica. El dirigente minero (que preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social) y la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Herrera, enviaron un escrito a la mesa directiva del Senado, en el que solicitan que se regrese al dictamen con las reformas en materia de outsourcing (aprobado en diciembre pasado) para que sea el que se vote y al que, en su caso, se le incorporen los cambios aprobados por consenso.

Las rebanadas del pastel

Entonces, que la Nación se lo demande a Monreal.

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