ómo se financiará el denominado Proyecto de Desarrollo Tren Maya? Esa es la pregunta que nos hacemos a un mes de que inicie su construcción. No es una pregunta ociosa, ya que no es lo mismo que se financie, casi en su totalidad, con inversión privada, que con recursos públicos. En el fondo estamos frente a la discusión entre mercado versus Estado (Hayek contra Keynes), o lo que es lo mismo, entre un Estado neoliberal contra un Estado socialmente responsable. En este sentido, de cómo se financie este proyecto que pretende el reordenamiento territorial de la península de Yucatán (construcción de un tren de más de mil 500 kilómetros, edificación de 30 estaciones, urbanización y creación de 18 polos de desarrollo, entre otros), dependerá el futuro del sur de la República Mexicana.

En el documento ¿Qué es el Tren Maya? (Fonatur, 2019), se indicó que la forma de financiamiento de los siete tramos en que está dividida la ruta del tren se realizaría mediante contratos de inversión mixta. De manera textual decía: una parte de la inversión (10 por ciento) quedará a cargo del gobierno federal y el resto a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de los contratos de inversión mixta en las licitaciones correspondientes. Esto significa que la propuesta por escrito, presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto, estableció que 90 por ciento del financiamiento para la construcción de los tramos sería privado. Además, el Fonatur (2019) estipuló que los contratos se harían en términos de la Ley de Asociaciones Público Privada (Ley APP), una ley aprobada en el gobierno de Felipe Calderón, y ante la cual la oposición de ese momento (hoy gobierno) se manifestó férreamente en contra, señalando que representaba el intento de llevar a cabo una gigantesca y cada vez mayor privatización de los servicios públicos y de la infraestructura de la nación (Senado de la República, 2011), y de que el Estado se reconvertía en un instrumento de promoción de intereses privados. No obstante esto, el llamado Tren de la Cuarta Transformación se amparó en este instrumento jurídico.

¿Pero cómo funcionarían estos contratos? En entrevista con el Fonatur (2019), nos manifestaron: tú ganaste el tramo, me entregas un tren con estas características (con términos de referencia). A la entrega, te doy 10 por ciento; 90 por ciento te lo difiero a un plazo de 30 años. Te lo pago como una renta. Se vuelve un negocio financiero. Te hago un pago anual fijo de capital, intereses y mantenimiento. Es decir, tú financiaste la obra y yo te voy a pagar. Esto significa que si esta propuesta prosperara, el gobierno federal y todos los mexicanos nos endeudaríamos.

Pero la historia no termina aquí. En el documento, por escrito, también se propuso licitar el material rodante (locomotoras y vagones); el control y operación; entre otros. Así, tampoco es el Estado el que financiará y se hará cargo de estos otros elementos. Aunado a esto, se indicó que la forma de financiar las estaciones, que se edificarán sobre tierras ejidales, sería mediante el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra Tren Maya), un instrumento financiero hibrido (parte de su rentabilidad no está garantizada) que cotiza como cualquier acción en el mercado de capitales, donde priva el riesgo, la incertidumbre y la especulación. Es decir, estamos hablando de diferentes tipos de financiamiento, no sólo el correspondiente a los tramos.

También se llegó a manejar, en declaraciones, que el porcentaje que el gobierno financiaría aumentaría a 70 por ciento ( El Financiero, 2019) y en la mañanera del 16 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador señaló que el proyecto sería financiado en su totalidad con presupuesto público. Pero a finales del año pasado, el responsable del Fonatur volvió a indicar que el proyecto es “una inversión público privada… en un inicio va a tener 90 por ciento de inversión privada. Es un proyecto que tiene un componente privado muy importante, en la parte que es vía, y veremos que en todas las estaciones también es fundamentalmente todo privado” ( PiedePágina, 2019). ¿Entonces?

No obstante las declaraciones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se aprobaron 2 mil 500 millones de pesos para el Tren Maya (SHCP, 2020). Esto significa que si el gobierno federal quisiera financiar en su totalidad el proyecto con recursos públicos (a cuatro años como lo ha planeado), tardaría casi 56 años en su construcción, dado que la inversión requerida es de 139 mil 100 millones de pesos (Fonatur, 2020). Y aun agregando los 8 mil millones de pesos, provenientes del impuesto al turismo –que el Presidente de la República dijo que se destinaría para el Tren Maya– se tardarían varias décadas. Entonces, ¿quién va a financiar el proyecto que le cambiará la vida de los campesinos y pueblos originarios? No olvidemos que los intereses del mercado y del Estado, no son los mismos. Por su racionalidad, el primero busca a toda costa la ganancia; el segundo, en teoría, pretende el bienestar social. Pero esto está por verse.

* Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI