Con el fin de dar mayor fuerza jurídica al Registro Público de Agresores Sexuales, serán los jueces quienes impondrán en sus sentencias, como medida de protección, la inscripción de los culpables de feminicidio y violación por un tiempo que no será menor a 10 años ni mayor de 30, a partir de que cumplan la pena dictaminada.

El proyecto de dictamen a la iniciativa que presentó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, se aprobó con cambios en comisiones del Congreso capitalino y el martes se someterá a votación del pleno.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, de Morena, explicó que en el análisis de la iniciativa prevaleció el criterio de que más allá de aprobar una nueva norma de carácter administrativo, se insertará en tres ordenamientos vigentes: el Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para dotar de herramientas a las autoridades que permitan cumplir los fines de la propuesta, esto es, instituir un mecanismo de prevención y protección ante los delitos de naturaleza sexual y facilitar la investigación e identificación de los agresores con el uso de nuevas tecnologías, además de ser una medida disuasiva que inhiba la comisión de dichas conductas.

En los casos de feminicidio, violación, turismo sexual, trata de personas y los señalados en contra de menores de 12 años previstos en los artículos 148 bis, 174 y 175, 186, 188 bis y 181 bis del Código Penal, el juez estará obligado a dictar en su sentencia una pena de prisión al acusado, su inscripción en el Registro Público de Agresores Sexuales por un periodo de entre 10 a 30 años a partir de que salgan de prisión.

El dictamen planteaba originalmente 10 años, pero se modificó en esos términos a partir de las observaciones de la diputada independiente Evelyn Parra Álvarez, al indicar que mientras el agresor permanecería solamente ese tiempo en el registro, las víctimas van a vivir con eso toda la vida.

Por otra parte, Santillán informó que el Legislativo iniciará una revisión del capítulo de delitos de violencia familiar en el Código Penal ante el número de denuncias que recibió la Fiscalía General de Justicia en el último año y que llevó al gobierno capitalino a aplicar estrategias como el programa Mujeres SOS, a partir de una iniciativa que presentó el pasado jueves el diputado Ricardo Ruiz Suárez, de Morena, para que los previstos en dicho capítulo se persigan en su totalidad por oficio y no por querella, al advertir que de cada 10 mujeres que padecen violencia familiar solamente hay una denuncia.

Al ser entrevistado, explicó que mujeres y menores son las principales víctimas de la violencia que se genera dentro de los hogares y que equivocadamente se ha considerado como un asunto del ámbito privado, en el que sólo la autoridad puede intervenir a petición de la víctima, con lo que se genera una omisión del Estado de brindarles protección.