os máximos poderes con capacidad para indagar lo sucedido con 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, se reunieron ayer en una inusual sesión de compromisos públicos en Palacio Nacional, frente a familiares y defensores de esos desaparecidos.

Las figuras de esa sesión fueron el anfitrión, quien preside la República (acompañado por sus secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana), más el titular de otro poder institucional, el Judicial, con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. No sólo es razón de Estado, sino de nación, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Tal conjunción de voluntades poderosas pareciera necesaria si es que los trabajos de investigación hasta ahora realizados van a tender en el corto plazo a desenlaces que cimbrarían el aparato político, militar, policiaco y judicial del país. Sería necesario ese alineamiento de responsabilidades compartidas si se consideran previsibles los coletazos de los poderes fácticos (¿e incluso institucionales, color verde olivo?), y en especial del peñismo, en caso de que se esclarezca el caso de los 43 en un sentido obviamente distinto al de la verdad histórica. También podría suceder que convidar a otros a un acuerdo de corresponsabilidad fuera una forma de diluir la del poder más fuerte, el Ejecutivo, y repartir ante tres las eventuales protestas o enojos por resoluciones que no sean tan fuertes como se ha esperado.

Los familiares de los 43 plantearon por lo pronto y, entre otros puntos, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (unidad tan activa en otros temas) indague las fortunas y movimientos económicos del ex procurador federal Jesús Murillo Karam; de quien era jefe de la Agencia Federal de Investigación, Tomás Zerón de Lucio, y del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Senadores panistas, con su coordinador Mauricio Kuri por delante, aseguraron que habían encontrado tres micrófonos en una sala de juntas destinada a su partido, lo que sugeriría la realización de maniobras de espionaje contra esa bancada legislativa. Ricardo Monreal, coordinador del grupo de Morena y de la Junta de Coordinación Política del Senado, acudió junto con algunos de sus compañeros a tratar de verificar directamente lo denunciado por los panistas (entre gritos que hablaban de un montaje blanquiazul), pero hubo divergencias fuertes entre las dos formaciones partidistas y finalmente se recurrió a la Fiscalía General de la República para que haga las investigaciones del caso.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó ayer al grupo de mujeres que tienen cargos en el gabinete obradorista y señaló, con el apoyo visual de esa especie de frente femenil obradorista de primer nivel, que el enojo de quienes marcharán este domingo y harán paro el lunes es por muchas circunstancias que les afectan, pero no en específico contra la administración andresina.

Las mujeres, puntualizó, no están enojadas con el gobierno, están enojadas por las violencias que siguen subiendo. El alegato de la titular de Bucareli pretende disociar la responsabilidad gubernamental de la violencia que no puede ser frenada, controlada o castigada, según cada caso. En esa interpretación corderista, la violencia estaría subiendo casi por causas metafísicas, etéreas. Por otra parte, Sánchez Cordero, quien tiene licencia como senadora y también como notaria pública, aseguró que un gabinete con paridad de género es muestra de la posición política del Presidente de la República en favor de la causa femenina.

Y, mientras toda la atención pública está puesta en lo que suceda este domingo y lunes con mujeres en movilización y en paro, en días sucesivos, ¡hasta el próximo lunes!

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