Tras clausura, abrió con otro nombre de manera ilegal
Viernes 6 de marzo de 2020, p. 29
Con un nuevo nombre para evadir la ley y tras haber sido clausurado, el propietario del restaurante bar L’Antigua, localizado en la esquina de Torres Adalid y avenida Cuauhtémoc, en Benito Juárez, abrió el negocio sin contar con el permiso de uso suelo, denunciaron vecinos, quienes solicitaron la verificación del establecimiento mercantil a la alcaldía, a cargo del panista Santiago Taboada.
El negocio está ubicado en la planta baja de un edificio de departamentos y se surte de agua potable del inmueble, ya que la toma es compartida, lo que implica para los habitantes asumir parte del consumo del líquido por los clientes, porque el cobro es por prorrateo.
Además, el propietario del local está obligado a cumplir las mismas reglas que los condóminos del edificio ubicado en Torres Adalid número 1409, en la colonia Narvarte Poniente, pero a la fecha, se ha negado a instalar su toma individual, como marcan las normas a los negocios y a pagar mantenimiento, aseguraron los quejosos.
El local, de acuerdo con la solicitud de verificación presentada por los vecinos a la alcaldía, detalla que fue autorizado como farmacia; sin embargo, desde 2015 Javier Espinosa Bringas abrió un restaurante bar con la razón social D’Wurts.
Los condóminos, en su mayoría adultos mayores, emprendieron una larga batalla ante la irregularidad y tras no poder demostrar su legal funcionamiento, el establecimiento fue clausurado en la pasada administración panista.
Sin embargo, apenas a unos meses de asumir Santiago Taboada el cargo de alcalde, el negocio volvió a abrir sus puertas, pero ahora con el nombre de L’Antigua sin exhibir los permisos correspondientes, expusieron los condóminos, quienes, luego de un siniestro ocurrido en el restaurante bar, reanudaron la batalla para que las autoridades regulen el negocio y eviten riesgos.
Pese a las trabas burocráticas que han enfrentado, la dilación en los procesos para atender la denuncia vecinal y algunos amagos, los residentes no desisten y ahora recurren a la denuncia pública en busca de que la autoridad realice las verificaciones.