éxico se ha propuesto un cambio de paradigmas a partir del arribo de un gobierno con objetivos de bienestar social centrales en su programa sexenal. Este cambio demanda conocer las características estructurales de una desigualdad que resulta lacerante en amplias regiones del país. Conocer la situación es condición necesaria para hacer posible su superación, a partir de la puesta en marcha de políticas públicas integrales, territorialmente diferenciadas, con enfoque de género y familia. Romper el círculo vicioso de la desigualdad, demanda cambios en las reglas con las que funciona nuestra sociedad, exige nuevas instituciones que permitan plantearse modificaciones a corto, mediano y largo plazos.
En el estudio Bienestar con equidad: un nuevo pacto social, con información proveniente de la Encuesta de Movilidad Social en México de 2017 del Inegi y de una encuesta levantada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y El Colegio de México de 2019, se reconoce que la movilidad social en México es baja y las desigualdades son muy grandes. El país está fracturado: los beneficios de la modernización y de la integración comercial se concentran en el norte, mientras en el sur son simplemente inexistentes. No es posible un futuro de prosperidad compartida, como el que necesitamos y queremos, sin políticas públicas que garanticen la ampliación e igualación de oportunidades.
Para estar en condiciones de hacer que estas políticas públicas funcionen, se requiere financiarlas y ello sólo es posible con un nuevo pacto social que se proponga lograr un país en el que exista bienestar con equidad. El diagnóstico es conocido: escasa movilidad social y alta desigualdad hacen que persista una pobreza visible. Pobreza es injusticia, pero también pobreza es ineficiencia económica con altos costos sociales. El estudio muestra que al indagar en la desigualdad que percibimos y la que deseamos, los mexicanos aspiramos a vivir en una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades. Sin embargo, ignoramos cómo podríamos construir esta sociedad.
Para poder construir una sociedad equitativa, es indispensable un nuevo pacto social, en el que será necesario que los contribuyentes a la hacienda pública incrementen sus aportaciones. Hay una percepción entre los grupos más favorecidos de la población en el sentido de que la distribución del ingreso es menos inequitativa de lo que es en realidad. Consecuentemente, perciben que el esfuerzo redistributivo que se requiere es de menor magnitud del realmente necesitado. El dato duro que es necesario reconocer es que para que haya una sociedad menos inequitativa y con mayor movilidad social, es indispensable que paguemos más impuestos. Pagar impuestos, como dijo hace tiempo Joseph Stiglitz, es el precio por vivir en una sociedad civilizada.
Por supuesto, si se trata de un pacto social que construya una mejor sociedad, es necesario que quienes contribuiremos fiscalmente lo hagamos en base a una comprensión certera de las características de la base contributiva y la manera en la que se relaciona con las acciones redistributivas. Un insumo fundamental es transparentar la tasa impositiva que deben pagar los diferentes estratos de ingreso. Construir una estructura impositiva progresiva, en la que sepamos la contribución porcentual de los ingresos muy altos, de los altos, los medios, los bajos y muy bajos. Por ejemplo, si se perciben ingresos de $ 100 mil o más al mes debería pagarse 45 por ciento; con ingresos entre 80 y 99,999 pesos la contribución debiera ser de 40 por ciento; entre 60 mil y 79,999 pesos de 35 por ciento; entre 30 mil y 59,999 de 30 por ciento; entre 10 mil y 29,999 de 20 por ciento, y los ingresos menores a 10 mil pesos pagarían 10 por ciento.
Por supuesto, no se trata solo de conocer lo que se paga en cada estrato de ingreso, sino de saber en que se aplicarán los nuevos ingresos fiscales. Los programas públicos de carácter redistributivo requieren explicitar claramente sus reglas de operación, de modo que se conozca la manera en la que se piensa mejorar la distribución del ingreso y lo que se consigue en cada una de las etapas que defina el propio programa. Además, como es obvio, se requiere abrir los espacios de planeación de esos programas para que grupos de la sociedad civil puedan contribuir en su concepción, organización, puesta en marcha y seguimiento. El momento político es oportuno. Se trata de reconocer esta oportunidad y no insistir en que no hace falta una reforma fiscal.
