La Cámara de Diputados incrementó la pena por violencia familiar, que actualmente se sanciona con prisión de seis meses a cuatro años, para que sea de tres a siete años, pero rechazó una propuesta de Morena para calificar la agresión contra mujeres y menores de edad como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, por considerar que su aplicación no es eficaz en la persecución penal.

La reforma al Código Penal, que se aprobó con 431 votos de todas las bancadas y se turnó al Senado, se realizó con el argumento de que el castigo vigente no ha logrado su objetivo total de prevenir la comisión de este tipo de hechos.

En el dictamen de la Comisión de Justicia se señala que la pena actual no se ajusta a su función y no puede aceptarse, y por ello se propone un incremento justo y proporcionado, sin caer en penas excesivas o de larga duración que inhiban la reinserción social del condenado, más aún cuando se trata de temas relacionados con el entorno y núcleo familiar.

Reforma preventiva

La reforma se enmarca como medida de prevención para evitar la violencia contra las mujeres, la cual constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos humanos esenciales de las personas que la sufren, porque no sólo representa un ataque al derecho a la vida, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad y la seguridad de las víctimas, sino también a su derecho a no ser sometido a un trato degradante, a la inviolabilidad de su domicilio y protección del núcleo familiar.

En la tribuna, la diputada Adriana Espinosa (Morena) explicó que la medida se realiza frente a un delito que se ha vuelto más recurrente, la violencia familiar, que implica el uso intencionado y repetido de la fuerza física o sicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de ésta.

Refirió que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2019 se abrieron un millón 14 mil carpetas de investigación por delitos contra la familia, y que el de violencia familiar es uno de los más denunciados. Además, en 2018 se iniciaron otras 90 mil, esto es, casi 9.2 por ciento más que en 2017.

Son cifras alarmantes, sobre todo si se toma en cuenta que las agresiones son cometidas principalmente contra adultos mayores, mujeres y niños y son un delito que no puede ser visto como asunto de carácter privado, porque es un problema social que debe ser atendido.