Gran parte de los problemas de viviendas abandonadas y en malas condiciones en el país se generaron porque en administraciones pasadas, principalmente entre los años 2000 y 2010 –durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón–, los objetivos del Infonavit fueron colocar el mayor número de créditos sin importar la calidad de las viviendas, sostuvo su director general, Carlos Martínez Velázquez.

En entrevista con La Jornada, Martínez Velázquez explicó que en dicho periodo se aprobaron desarrollos en sitios que eran lagunas o que carecían de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje o agua potable suficiente.

Luego de mostrar una gráfica en la que se compara la entrega de casas con el número de las que están en abandono, explicó que la mayor cantidad se dio en la década de 2000 a 2010.

Antes tenías un modelo expansivo de vivienda, donde el Infonavit llegaba a colocar hasta medio millón de créditos hipotecarios al año, y hay un alto porcentaje de casas abandonadas que tenemos hoy respecto al año en que se vendieron. Tenemos 4 a 6 por ciento de viviendas totales de ese año, hoy están abandonadas, pero a partir de 2013 empezaron medidas de contención, eso ha hecho que menor número de ellas entren (a derecho de crédito), indicó.

El diagnóstico del Infonavit apunta a que casi medio millón de casas abandonadas (480 mil) no se pueden rescatar, ya que hacerlo sería actualmente un delito por poner en riesgo a quienes las habitarían. De las 650 mil propiedades adquiridas con crédito del Infonavit que calcula están abandonadas (sin haber números exactos, pues podría haber más), 170 mil son factibles de recuperación.

Desde agosto de 2019, para la aprobación de un crédito hipotecario en este instituto se debe contar con planos georreferenciados, que tengan servicios completos, y se estableció que no se pueden vender viviendas para trabajadores con salarios de menos de 7 mil 395 pesos fuera de los polígonos urbanos, ya que antes había ventas en espacios que no contaban con transporte público hacia las zonas urbanas.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), agregó el funcionario, en México hay más de 5 millones de casas no habitadas adquiridas por medio de préstamos del Infonavit, Fovissste, créditos bancarios o de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.

Construcción en zonas inviables

En muchos de dichos desarrollos fueron las autoridades municipales las que incurrieron en irregularidades al otorgar permisos de construcción en zonas no viables, o no concluyeron las obras de infraestructura como alcantarillado.

Uno de los ejemplos de dichas irregularidades es El Barrial, en el sur de Ciudad Juárez, donde se construyó en una parte que eran antes lagunas, y que es considerado una zona lagunal inundable; está catalogado ahora en el Atlas Nacional de Riesgos como zona de inundación. Ahí ya no podemos recuperar nada, porque hacerlo sería un delito, de acuerdo con la Ley de Protección Civil, y se pone en riesgo a la población. O se hace una obra de infraestructura hidráulica enorme o se tendría que recomendar la reubicación de las familias.

En esta misma ciudad, una inmobiliaria en quiebra dejó colonias con 90 por ciento de construcción, mientras en ciudades como Mexicali hay desarrollos donde sólo siguen habitadas casas que tienen salidas viales y cuentan con electrificación.

En diversos actos públicos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el gobierno está limpiando la corrupción en el Infonavit. Al respecto, Martínez Velázquez explicó que ello se debe a que, además de las irregularidades que hubo en el desarrollo de vivienda, detectaron un modus operandi, principalmente de pequeños negocios dedicados a la venta de material de construcción, que incurrían en irregularidades.

Como parte del programa Mejoravit, con el cual los derechohabientes pueden solicitar créditos para mejorar, remodelar o ampliar sus viviendas, el instituto otorga dichos apoyos por medio de una tarjeta bancaria para que los beneficiarios la usen directamente en distintos negocios.

Después de varias auditorías al programa, se detectó que en más de 400 negocios se compraban dichas tarjetas con efectivo, pero las pagaban a 80 por ciento de su valor total. Con ello, los propietarios usaban las tarjetas para adquirir material que luego revendían y tener utilidades por el 20 por ciento restante de los recursos otorgados mediante Mejoravit.

Las empresas o negocios que incurrieron en ello fueron dados de baja del programa hace dos semanas, sin detectarse casos de grandes cadenas dedicadas a la venta de material para remodelación de hogares.

A la par, explicó que desde el año pasado las tres principales instituciones de recaudación (IMSS, Infonavit y SAT) iniciaron un proceso de fiscalización coordinado que no existía. A raíz de ello, aumentó la recaudación, de 38 millones a 662 millones de pesos, por multas a distintas empresas que incurrieron en irregularidades en sus pagos de cuotas a los trabajadores.