La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y deficiencias en el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) durante la revisión de la cuenta pública 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

La comprobación correspondió a la gestión de Jaime Rochín, quien renunció al cargo en junio de 2019, por lo que el órgano fiscalizador señaló que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) no es una plataforma nacional, sistematizada, completa ni confiable; los recursos públicos se entregan indiscriminada y discrecionalmente, no existen criterios para proporcionar montos ni tiempos para las medidas de ayuda, entre otras anomalías.

La ASF hizo una serie de observaciones con el fin de corregir el funcionamiento de esta entidad. Al respecto, a través de un comunicado, la actual dirección de la CEAV, a cargo de Mara Gómez, se comprometió a atender y solventar los señalamientos de la ASF, para que se impulse la operación del Nuevo Modelo Integral de Atención a Víctimas.

Algunas de las observaciones realizadas por la ASF son: que en 2018 el Renavi tuvo registros duplicados e información dispersa en cuatro bases de datos diferentes (una federal, una estatal, otra de servicios generales y una base histórica); existen más de 2 mil 400 expedientes rezagados que no han sido inscritos en el Renavi, pese a que el Comité Interdisciplinario Evaluador ya emitió los dictámenes correspondientes, además que hay 3 mil más sin dictaminar.

Agregó que la CEAV se ha limitado a determinar la reparación del daño desde la perspectiva pecuniaria (dinero), que no ha contribuido a la atención integral, ni existe evidencia sobre el acceso efectivo de las víctimas a los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral.

Agregó que en el Renavi no existe la información sobre tipo, fecha, cantidad y periodicidad, orientación, acompañamiento jurídico y sicológico, o en su caso, medidas de ayuda, asistencia y reparación integral otorgadas con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ya que la CEAV no fijó criterios en los que se indique la información que debió contener el registro.

En el texto se enfatizó que los recursos del fondo son insuficientes para atender la demanda de atención a víctimas porque aumentó su número, por lo cual se multiplicaron las medidas y montos de ayuda que reciben. Sin embargo, los recursos públicos asignados no crecieron en la misma proporción.

Entre 2015 y 2016 el número de víctimas atendidas pasó de 130 a 3 mil 813, las medidas otorgadas de 131 a 23 mil 16, mientras el monto de recursos otorgados a los agraviados fue de 47 millones 39 mil 800 pesos a 625 millones 164 mil 200 pesos en ese periodo (un aumento promedio al año de 136 por ciento). En contraparte, la cantidad que recibió cada víctima se redujo: en 2014 se les daba 361 mil 800 pesos y para 2018 la cifra era de 164 mil pesos.

Otras anomalías que detectó la ASF en la gestión de la CEAV es que no existen criterios para determinar el tiempo durante el cual se tendrán que brindar medidas de atención a las víctimas para la reparación del daño; tampoco hay colaboración interinstitucional entre todas las dependencias y entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Por último a tres años de operación, el Renavi no contiene información nacional, por lo que es insuficiente el personal especializado en áreas que proporcionan atención a las víctimas, entre otras.