Los informes oficiales de incidentes violentos dentro de las cárceles del país a veces no dan cuenta de todos los hechos que reportan los medios informativos, los cuales a su vez suelen normalizar en sus coberturas las malas prácticas que existen en dichos centros, como el hacinamiento, la sobrepoblación, el autogobierno y la estigmatización a los internos, alertó la organización civil Asilegal.

En el contexto de su 14 aniversario, el colectivo dio a conocer un mapa digital interactivo que registra los incidentes violentos ocurridos en los centros penitenciarios de México de 2013 hasta junio de 2019. En dicho periodo, se documentó un total de 16 mil 702 episodios ocurridos en todo el país, que involucraron a 36 mil 638 internos.

De igual forma, el llamado violentómetro penitenciario identificó que los estados donde se ha registrado mayor cantidad de incidentes de violencia (un promedio anual de 40 a 157) son Baja California, Sonora y Chihuahua, seguidos por Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz, con entre 25 y 39 hechos.

De acuerdo con Asilegal, la información analizada se obtuvo a través de la sistematización de datos provenientes del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), y un análisis cuantitativo hecho por el colectivo a través de un monitoreo de medios informativos.

Así, se llevó a cabo una búsqueda de riñas, motines, homicidios, suicidios, entre otros incidentes de violencia, en medios de comunicación electrónicos de 2013 a julio de 2019, con la finalidad de contrastar los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Oadprs con los registrados por los medios de comunicación.

Entre los principales hallazgos del violentómetro está que no hay una correspondencia constante entre lo registrado en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional y lo publicado en medios informativos, al tiempo que existen reportes de violencia en medios de comunicación que no reflejan los datos oficiales.

Asimismo, se documentó que persiste un trato mediático de los incidentes, amarillista y poco respetuoso de los derechos humanos, que incentiva la estigmatización de la población privada de libertad sin analizar o brindar razones por las cuales este tipo de incidentes de violencia suceden.