Montevideo. Millones de personas se volcaron en 2019 a las calles de Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, Puerto Rico y Honduras con exigencias sociales, pero las autoridades respondieron con tácticas represivas y cada vez más militarizadas, concluyó el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la región publicado ayer.

En Chile el ejército y la policía lastimaron de forma deliberada a manifestantes, mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles. Según el reporte, más de 350 inconformes presentaron lesiones graves en los ojos.

Según el texto de 96 páginas, al menos 210 personas fallecieron en protestas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.

Por otra parte, AI denunció que los gobiernos adoptaron posturas agresivas contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

La región se enfrentó el año pasado al menos a tres situaciones graves en materia de refugio: nicaragüenses que huyeron a Costa Rica; venezolanos que se desplazaron principalmente a países de Sudamérica, y los países del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que atravesaron México para llegar a Estados Unidos, señaló AI.

La cifra de venezolanos que huyeron de la crisis llegó a 4.8 millones, situación sin precedente en América Latina. Perú, Ecuador y Chile respondieron con nuevos y restrictivos requisitos de entrada a sus territorios.

En tanto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la persistencia de los altos índices de violencia en Colombia, las políticas migratorias de Estados Unidos y pidió a Venezuela, Nicaragua y Guatemala garantizar el respeto a los derechos humanos.

En el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet presentó el informe de su oficina sobre Colombia y otros países de la región.

En 2019, la ONU documentó 108 asesinatos de activistas; hasta el 19 de febrero se han sumado otros cuatro y 31 están en proceso de verificación. Bachelet advirtió de que el balance real podría ser peor porque los números de la Defensoría del Pueblo (de Colombia) son aún más altos, con 134 casos.

Bachelet también expresó preocupación en materia de derechos humanos por la política restrictiva que aplica Estados Unidos para disminuir el flujo de migrantes, sin tomar en consideración las cuestiones de asilo y protección de los migrantes y la condición de los menores bajo custodia.