Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco años empiezan a perder la paciencia con la administración de Andrés Manuel López Obrador e incluso a sentir desconfianza, debido a la falta de resultados tanto en la ubicación de sus seres queridos como en las sanciones a los servidores públicos que no realizaron una indagatoria adecuada.

Empieza a haber cierta desconfianza, molestia y enojo porque se vislumbra un doble rasero en el tratamiento del caso Ayotzinapa. Por una parte, a los padres se les atiende muy bien, se abren las reuniones y hay voluntad política, pero a los estudiantes se les sigue tratando con mucha dureza, señaló el asesor jurídico de las víctimas, Vidulfo Rosales, durante la marcha realizada este miércoles para conmemorar los 65 meses de la agresión contra los normalistas.

Además de lo anterior, se sigue estigmatizando a las normales rurales y se les sigue asfixiando en términos presupuestales. Por una parte, el Presidente de la República da toda la atención y ofrece esclarecer el caso, pero en los estados el tratamiento es distinto y te reciben con golpes.

–¿Los padres pueden perder la paciencia? –se le preguntó.

–Sí, yo creo que sí. Pienso que los padres están al borde de la desesperación, porque no notamos avances, admitió Rosales.

Mario César González, padre de uno de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, coincidió en que ya hay una sensación de impaciencia entre los familiares de los 43 jóvenes por la falta de resultados y por la represión de la que fueron víctimas a mediados de este mes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estado gobernado por Morena.

“Estamos desesperadísimos porque no vemos nada concreto, nada que digamos ‘ahí vamos’. Se van a enojar con estas declaraciones, pero es la verdad. Se dan pasitos en las búsquedas, sí, pero en investigaciones y órdenes de aprehensión, no”, dijo.

A más de un año de la creación de la comisión especial del caso, desafortunadamente no hemos avanzado en nada, subrayó.