i establecemos que el Estado y sus representantes tienen como primer deber mantener con vida a los habitantes de un país, podemos afirmar que en México la necropolítica (el quehacer público referido a la muerte) se ha asentado.

En el texto Necropolítica e identidad (Jornada semanal 21-12-14) establecí cómo la intención estatal parece ser buscar la muerte de los ciudadanos por omisión. Hoy, sucede lo mismo, pero por acciones que llevan a la muerte. La simple suma de los homicidios diarios (ya sea derivados del rampante narcotráfico, secuestros o cualquier otra actividad delincuencial), de los feminicidios (jamás con los números actuales), de los pacientes con enfermedades terminales que no serán atendidos, los decesos derivados de la mínima atención en centros de salud públicos, los miles de desaparecidos en esta administración, las muertes maternas derivadas de los abortos clandestinos y los miles de inmigrantes muertos por la delincuencia de los que apenas se puede especular, serían suficientes para establecer que la presente administración es propia de esa necropolítica. Nunca como ahora se había logrado la mortandad poblacional derivadas del quehacer público.

El discurso presidencial asume que los muertos son herramientas políticas: importan en tanto sirvan a su proyecto político. Si no le son útiles, deberán ser denostadas, minimizadas. Además, los muertos y sus horrores sirven para llevar el discurso hacia lo penal. Se critica a los juzgadores que, por cumplir con la ley, ponen en libertad a supuestos delincuentes (nadie lo es hasta que lo resuelva un juez) y se eluden temas macroeconómicos. Se pide limitar la indignación a lo verbal. Se juega con la necropolítica y sus alcances.

Mientras tanto, las almas perdidas del feminicidio aumentan, los desaparecidos siguen sin ser encontrados: la necropolítica permea a todos los estratos.