Nueva York. En un fallo que favorece la política del presidente Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones en Nueva York determinó que el gobierno federal sí tiene derecho a retener millones de dólares en fondos para agencias policiales con el objetivo de obligar a los estados a cooperar con las restricciones migratorias.

La decisión del tribunal de apelaciones del segundo distrito en Manhattan anula un fallo anterior que exigía al gobierno federal entregar los fondos a la ciudad de Nueva York y a siete estados: Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island.

Esas jurisdicciones habían demandado al gobierno federal luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en 2017 que retendría los dineros a determinades ciudades y estados, a menos que dieran a las autoridades de inmigración acceso a las cárceles y notifiquen cuando alguien que esté en el país de manera indocumentada está a punto de ser excarcelado.

Antes de ese cambio, las ciudades y estados estaban obligados únicamente a demostrar que no estaban impidiendo a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de presos.

En ese momento, el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró: “las llamadas ‘políticas de ciudades santuarios’ aumentan la inseguridad para todos porque intencionalmente debilitan nuestras leyes y protegen a los extranjeros sin documentos que han cometido delitos”.

El tribunal de apelaciones de Manhattan afirmó que el lenguaje sencillo de las leyes pertinentes deja en claro que el secretario de Justicia tiene la autoridad de imponer condiciones a los estados y municipalidades que reciben dinero federal.

Añadió que la Suprema Corte ha fallado varias veces que el gobierno federal tiene autoridad sobre los estados en cuanto a las políticas migratorias.

En los últimos dos años tribunales de apelación en Chicago, Filadelfia y San Francisco han fallado contra del gobierno federal al ratificar amparos presentados para impedir la aplicación de algunas o todas las condiciones.

El fallo reciente se refiere al subsidio Edward Byrne Memorial, fondo creado en 2006 mediante el cual el Congreso distribuye más de 250 millones de dólares en fondos federales para agencias policiales estatales y locales.