Con 3 millones de trabajadores subcontratados por empresas maquiladoras, según esquemas que precarizan el trabajo, es urgente acotar este tipo de cuestiones laborales, señaló Enrique de la Garza Toledo, investigador y profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Explicó que las formas de tercerización en ese sector funcionan en empresas con instalaciones propias que maquilan productos o partes de una mercancía para otra compañía dominante, que están sujetas a contratos que les imposibilitan comercializar su producción en el mercado abierto.

Por ejemplo, citó el caso de la planta Ford de Cuautitlán Izcalli, en el estado de México, cuyos trabajadores subcontratados operan en la línea de motores, pero no pertenecen a la transnacional, precarizando las condiciones laborales.

Al participar en la mesa redonda La polémica de la subcontratación en México, en el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo de la UAM, el especialista adscrito al Departamento de Sociología de la unidad Iztapalapa dijo que el tema laboral ha sido relegado y sólo a raíz de la renegociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá se ha retomado la discusión.

Incluso, recordó que la reforma de 2012 estableció restricciones a este tipo de convenios, pero nunca han sido aplicadas por las autoridades mexicanas, por lo que resulta urgente incluir la subcontratación en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

El abogado laboralista José Alfonso Bouzas Ortiz, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que existen varias iniciativas sobre la subcontratación, por lo que es probable que surja un acuerdo que medie entre las posturas encontradas ya que la presentada por senadores propone la imposición de multas severas, mientras los patrones plantean que se subcontraten todas las actividades de las empresas, pero en el rubro de sanciones su postura es muy laxa.

El reto es que este esquema no redunde en disminución salarial ni de derechos laborales; sin embargo, no conozco en México una subcontratación benéfica sino una precarizante que, entre otros efectos negativos, acaba con la estabilidad en el empleo y elimina el derecho de asociación y de contratación colectiva, destacó.