Este miércoles entra en vigor la Política Nacional Anticorrupción, luego de que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual se aprobaron estos lineamientos que pretenden combatir uno de los problemas estructurales que aquejan al país.

En los postulados de esta nueva estrategia, destaca la obligación para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de presentar un informe ejecutivo relativo al avance en la elaboración y aprobación de las propuestas de políticas estatales en la materia.

Este reporte deberá ser presentado en cada sesión ordinaria del comité coordinador del SNA.

También se le requiere a dicha Secretaría Ejecutiva la integración de un grupo técnico con los enlaces de las instituciones del comité coordinador el SNA, que durante el primer trimestre de 2020 establezca las pautas, guías, normas y, en su caso, formatos para la implementación de la política nacional anticorrupción.

Además, que se establezca, como mínimo, el número, alcance y plazos de elaboración de los programas que deriven.

También se solicita a la Secretaría Ejecutiva del SNA la elaboración del anteproyecto de metodología de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción, misma que será sometida a consideración del comité coordinador del sistema durante el segundo semestre de 2020, una vez aprobada por la Comisión Ejecutiva de la secretaría del SNA.