Las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no atendieron de manera diligente y apropiada una denuncia de violencia de género que presentó una alumna, quien también laboraba en la Defensoría de los Derechos Universitarios de esa casa de estudios.

Por tal motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 02/2020 dirigida al rector general Eduardo Peñaloza Castro por violaciones al derecho humano a una vida libre de violencia en contra de la denunciante.

En 2016, el organismo recibió la queja de una mujer de 21 años, quien manifestó que en 2014 comenzó una relación sentimental con su profesor; dos años después, empezó a trabajar en la Defensoría de Derechos Universitarios como secretaria de confianza y personal de apoyo, lo que incluía ser la asistente y subalterna de su entonces pareja, Alejandro Santiago Monzalvo, quien era defensor adjunto de esa instancia.

En ese espacio, el hombre ejercía violencia hacia la víctima al controlarla, insultarla, amenazarla, gritarle y jalonearla.

Tras terminar la relación sentimental la agraviada denunció ante el entonces titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, David Chacón Hernández, el rector y otros funcionarios de la UAM, la violencia que vivía por parte de su jefe y ex pareja, así como de un ambiente hostil que enfrentaba en su área de trabajo.

Sin embargo, las autoridades de la UAM dieron por concluido el caso con la renuncia de Chacón Hernández sin adoptar ninguna medida precautoria para proteger a la peticionaria, ni ampliar la investigación o garantizar que no se repitieran actos de violencia de género en dicha oficina; tampoco se activó el protocolo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, por lo que se incurrió en una falta de atención diligente y apropiada, documentó la CNDH.

En la recomendación se pide al rector de la UAM reparar el daño a la agraviada e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, atención sicológica, a la vez que la institución tendrá que diseñar un nuevo protocolo para tratar una determinada problemática, así como identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones, aplicable a todas las unidades y áreas administrativas, entre otras medidas.