La primera carpeta de investigación por el ataque sufrido por la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos señaló al empresario Juan Antonio Vera Carrizal como presunto responsable únicamente por lesiones que tardan menos de 30 días en sanar. El 23 de octubre una segunda valoración médica determinó que las quemaduras de tercer grado con ácido sulfúrico cubrían 40 por ciento del cuerpo de la víctima y sí ponían en riesgo su vida.

Pero no fue sino hasta el 23 de diciembre, 17 semanas después, cuando las autoridades oaxaqueñas reclasificaron el delito como feminicidio en grado de tentativa. Al modificar el tipo penal se pudieron emitir las órdenes de aprehensión.

Aquella primera clasificación por lesiones calificadas fue sólo un reflejo de la indolencia con la que se ha tratado este caso, asegura la abogada Ana Katiria Suárez, defensora de la joven quien, después de convalecer cinco meses en dos hospitales, ahora se encuentra en situación de refugio en otra entidad.

La penalista comenta en entrevista que hay serias omisiones en el proceso de investigación y sobretodo en la búsqueda del presunto atacante, prófugo desde que se emitió la orden de aprehensión. El ataque ocurrió el 9 de septiembre.

La fiscalía de Oaxaca nos comunicó que ellos ya agotaron todas las diligencias posibles, incluso a escala federal. Y no, no se han agotado. Mi impresión es han hecho lo mínimo, generando una serie de diligencias para engrosar el expediente, pero ninguna conduce, en lo concreto, a la localización del presunto agresor, comenta Suárez. La semana pasada el fiscal estatal Rubén Vasconcelos anunció que se ofrece como recompensa un millón de pesos a quien aporte información que permita la captura de Vera Carrizal y hace semanas la Interpol emitió una alerta roja.

A la fecha han sido detenidos dos involucrados: Ruviciel N, señalado como la persona que arrojó el líquido corrosivo contra la joven y Ponciano N, su padre, quien vigiló la puerta de la casa de María Elena mientras se perpetraba la agresión. Ambos eran albañiles.

Faltan por cumplir tres órdenes de aprehensión contra los otros señalados: el presunto autor intelectual, Juan Vera Carrizal, su hijo Antonio Vera Hernández y un empleado del empresario, Rubén Loaeza Chárrez.

Cuando detienen a Ruviciel y a su padre, ambos declaran con todo detalle cómo, dónde y cuándo fueron contactados por Loaeza y Vera Hernández, cuánto les pagaron (20 mil al hijo y 10 mil al padre). En un cateo que se hizo a su casa se encontraron sus teléfonos con todos los mensajes guardados, entre ellos las fotos de María Elena y las órdenes de cómo ejecutar el atentado. Todo ello con palabras muy duras hacia la víctima.

Entre las omisiones, Ana Katiria Suárez cita la falta de acciones de geolocalización de las llamadas entre el prófugo y los empleados de las dos radioemisoras de Huajuapan de León de las que es propietario, y que en dos ocasiones han transmitido y divulgado mensajes del principal sospechoso.

Existen muchas herramientas de investigación cibernética para localizar desde dónde se emiten esos mensajes y no se han aprovechado.

Por otra parte, la fiscalía estatal ordenó tres cateos en domicilios de la esposa y las hijas del empresario prófugo. Pero la casa donde él vivía no fue investigada sino hasta dos meses después.