Activistas demandaron justicia y reparación integral del daño para la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, violentada gravemente hace cinco meses por dos hombres que la rociaron en rostro, brazos y pecho con dos litros de ácido sulfúrico. Los sujetos habrían sido contratados por el ex diputado local priísta y empresario Juan Antonio Vera Carrizal, con quien la joven mantuvo una relación.

“La violencia machista vivida por María Elena refleja, entre otras cosas, que el poder de género que per se tienen los hombres, se multiplica cuando hay poder político, económico y social”, refirió Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Agregó que el Estado se limita a dar una respuesta exclusivamente punitiva (sanción penal, si se da) contra los agresores en los casos de violencia contra las mujeres, pero la reparación debe ser integral e incluir los ámbitos sociales, médicos, sicoemocional, entre otros.

Reneaum enfatizó que el testimonio ofrecido por la saxofonista a La Jornada –el primer medio con el que habló tras haber sufrido esa violencia– también es muestra de la cultura social de responsabilizar a las víctimas.

Cuando ella afirma que existen personas que la critican por no dejar al presunto agresor si la trataba mal, es una muestra de la naturalización de la violencia contra las mujeres y de cómo socialmente se les hace responsables de haber sufrido las agresiones.

Fiscalía estatal, omisa

Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, denunció que la Fiscalía de Justicia estatal no ha tenido acciones contundentes para combatir la violencia feminicida.

En este caso, agregó, se hizo un manejo doloso que ha permitido la impunidad para Vera Carrizal, al grado que aun cuando desde hace cinco meses había todos los elementos para detenerlo, no fue así; por el contrario, el trabajo realizado por la fiscalía lo alertó para darse a la fuga.

Refirió que el comportamiento del fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, no es aislado. Hay órdenes de aprehensión que no se ejecutan contra feminicidas, por lo que llamó al Congreso local a analizar la continuidad del funcionario.

Las afectaciones físicas y emocionales que María Elena tiene están relacionadas con la nula lógica de acompañamiento a las víctimas desde la fiscalía, porque nunca dieron seguimiento de si estaba recibiendo la atención médica.

Rosa Simón, consejera consultiva en Oaxaca del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que la falta de actuación de las autoridades para atender casos como el de María Elena, están relacionados con corrupción.

Muchas han pedido destituir a diferentes servidores públicos que hacen caso omiso o que no dan respuesta, pero vemos que no hay esa posibilidad. No se abren expedientes, no se da seguimiento... Hay siempre encubrimiento por parte de las autoridades, pero todo tiene que ver con este sistema que no permite a las mujeres acceder a la justicia.