La reforma al Poder Judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado, además de tratar de erradicar la corrupción y el nepotismo entre jueces, magistrados y ministros, busca convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un verdadero tribunal constitucional, que enfoque únicamente sus energías en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

Para ello, en esa reforma a diversos artículos de la Constitución se elimina el requisito de que deberán darse cinco sentencias en el mismo sentido, no interrumpidas por una en contrario, para que la Suprema Corte establezca jurisprudencia.

Se propone que el alto tribunal avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones compartidas por una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas.

En la exposición de motivos se argumenta que la forma en que se integra la jurisprudencia entorpece su desarrollo, ya que suele suceder que aunque exista una resolución paradigmática y trascendental de la Suprema Corte, votada por unanimidad, los órganos jurisdiccionales inferiores no están obligados a seguirla.

Además, genera costos para los ciudadanos y el propio Poder Judicial de la Federación al tener que agotar diversas instancias para un asunto que ya está resuelto por el más alto tribunal de nuestro país.

Mayor margen de definición

La reforma permitiría a la Corte mayor margen en la definición de su política jurisdiccional en lo que se requiere a la adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer a ese tribunal, además de poder remitir asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que no estará sujeta a sólo aquellos en los que exista jurisprudencia.

Otro cambio a la Carta Magna es para fortalecer la autorregulación de los órganos del Poder Judicial, los que, además de regirse por la ley en cuestiones de financiamiento y competencia, deberán regirse por lo que establezcan los acuerdos correspondientes emitidos por la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral de la Federación.

La reforma establece “una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se exceda por concurso de oposición. Limita la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, para garantizar que sólo se otorguen a los vencedores en los concursos.

Además, establece políticas que oriente de las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones reincorporaciones y ratificación de juzgadores y refuerza sus facultades de combate a la corrupción y el nepotismo.

Se mantiene la inamovibilidad en el cargo de jueces y magistrados, los que podrán permanecer en el puesto después de los seis años de ejercicio de funciones, pero sólo serán ratificados si cumplen lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que se emitirá una vez que se apruebe la reforma constitucional, que recién llegó al Senado.