Durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Desarrollo Social (hoy de Bienestar) entregó recursos superiores a 40 millones de pesos a más de 24 mil personas que ya habían fallecido.

Así lo determina el último informe sobre la cuenta pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el titular de esa instancia, David Colmenares Páramo, entregó el jueves pasado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Se trata del reporte del análisis del último año del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, el cual se vio enmarcado por el proceso electoral.

La auditoría agrega que también se detectaron pagos por pensiones improcedentes a 24 mil 859 beneficiarios que ya contaban con apoyo de otro sistema social, que ascendió a un monto superior a 107 millones de pesos.

El daño

En sus observaciones sobre la fiscalización al Programa de Pensión para Adultos Mayores, operado en 2018 por la Secretaría de Desarrollo Social, la Auditoría Superior observó: Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 40 millones 118.6 mil pesos por los pagos realizados durante ese año a la población beneficiaria que, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Población, ya no debieron formar parte del padrón de este programa, debido a su fallecimiento.

En esta irregularidad incurrió la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la entonces Sedesol, que hizo esos pagos a 24 mil 632 beneficiarios ya fallecidos, y a 273 deudos por el llamado concepto de pago en marcha (que se otorgaba una sola vez).

Aunado a ello, la ASF encontró que también se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas públicas por 107 millones 400.9 mil pesos al pagar el apoyo a 24 mil 859 personas que gozaban con alguna otra pensión superior a mil 92 pesos mensuales (si se recibía menos de eso, se podía contar con la ayuda del Programa de Pensión para Adultos Mayores).

Estas más de 24 mil 800 personas detectadas tenían pensión ya fuera de los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, así como de Petróleos Mexicanos, señala la auditoría.